A primera hora de ayer se hacía público que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha ejecutado la primera medida que afecta al sector turístico (publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona): suspender oficialmente todas la licencias pendientes de aprobación para nuevas plazas y alojamientos turísticos.
Colau ya había manifestado en varias ocasiones que no quiere que Barcelona se asemeje a Venecia por entender que dicha ciudad italiana es una especie de decorado y no una ciudad real.
El ayuntamiento catalán y ha dado el paso previo para un cambio de modelo, aunque aún se encuentre por definir. Para concretarlo abren ahora «un proceso de reflexión y participación para elaborar un Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos, que establecerá los criterios del turismo que permita preservar la calidad de Barcelona como destino turístico».
Dicho esto, avalancha de reacciones. El sector turístico ya temía que algo así ocurriese. No temen a la regulación, sino a la falta de un modelo. A que comiencen a barrer lo antiguo antes de saber qué se va a construir.
Por el momento en Barcelona, una de la ciudades más importantes de Europa se paraliza la aprobación de licencias de hoteles, aparthoteles, apartamentos turísticos, pensiones, hostales, viviendas de uso turístico, residencias de estudiantes y albergues juveniles. Y en el otro extremo del mapa español, en Cádiz, suenan las alarmas.
«Es una sinrazón»
El presidente de la patronal de hoteleros y hosteleros Horeca, Antonio de María, asegura que esta medida es «una sinrazón» y que si se aplicara en Cádiz sería «una calamidad», a pesar de que la iniciativa privada en esta provincia no es comparable con el gran desarrollo del sector turístico barcelonés.
«Lo lógico sería que antes de paralizar nada tuviesen un modelo construido. No se puede llegar y paralizar la iniciativa privada. Es una irresponsabilidad grave. No te puedes presentar a un cargo de esa envergadura sin saber qué quieres hacer. Tendrá que tener un equipo técnico bien formado... en fin, un trabajo previo», concluye Antonio de María.
El gobierno municipal barcelonés ya ha anunciado que su intención es asegurar «que esta actividad no represente ninguna fuente de conflicto con los vecinos y vecinas de la ciudad», con el fin de «garantizar la calidad de vida de los ciudadanos y evitar alteraciones del orden público».
«El objetivo final es obtener una radiografía fija del parque de alojamientos turísticos en la ciudad que permita evaluar y diagnosticar la oferta existente y el impacto social que tiene sobre el acceso a la vivienda, ocupación del espacio público, movilidad, diversidad de usos y producción y gestión de residuos».
Y se van al primer trimestre de 2016, como mínimo, para tener a punto una propuesta inicial de su Plan Especial de Regulación de Alojamientos Turísticos.
El equipo de Ada Colau asegura que tendrá en cuenta las iniciativas «que favorezcan un reparto equitativo de los beneficios del turismo en los 73 barrios de la ciudad». Si se pudiera extrapolar esto a Cádiz sería como pedir que los beneficios del turismo de cruceros llegase al barrio de Loreto. Complicado.
