A declarar

La imagen de los concejales del Ayuntamiento de Cádiz, intentando evitar el desahucio de un matrimonio que vivía de alquiler en un piso de la calle Benjumeda, se convirtió la semana pasada en noticia en todo el país. Era la primera vez que se veía en Cádiz a miembros de la Corporación municipal intentando evitar un desalojo con otros medios que no fuesen los que la ley ha puesto en sus manos como gestores. Existen vías para evitar hechos tan dramáticos como el vivido la semana pasada. Porque aunque este no sea el caso de una familia obligada a abandonar su vivienda por decisión de un banco, sino la sentencia a favor de una propietaria, con sus problemas también, que llevaba dos años sin percibir ningún dinero por alquilar su vivienda, no deja de ser igual de necesario buscar una solución a su situación, pero para ello ya existen medios, utilizados por la Corporación anterior y por la propia Junta de Andalucía, gracias a los que el año pasado consiguieron evitar 300 desahucios. Y todo desde un despacho, a través del trabajo y de las herramientas con las que cuentan, sin la necesidad de hacer intervenir a las fuerzas de seguridad. Desde la formación que gobierna la ciudad aseguran que su intención era buena, que solo querían retrasar la sentencia para tener más tiempo y así evitar dejar en la calle al matrimonio afectado, pero no puede valer todo para conseguir un fin. Uno debe saber que si jura ante la Constitución y acepta dirigir un municipio, dentro de los parámetros que marca ley, no puede luchar contra ella como si estuviese al margen. Y como todo en la vida tiene sus consecuencias, mañana, dos de los concejales que intentaron paralizar el desahucio, junto a otras diez personas, tendrán que comparecer ante el juez para declarar. Puede que no vaya más allá, puede que no sean sancionados, pero cuando el juzgado llama es que algo, por lo menos, no se ha hecho correctamente. Y solo van dos semanas de Gobierno local...