El 'susanato' o período político en el que Dª. Susana alcanza el clímax que supone detentar el poder, no ha hecho sino comenzar en una segunda fase. Me pregunto por eso que dicen de la erótica del poder. Entre la erótica y el climax, esto puede terminar en orgía en San Telmo. Ha manifestado su intención de alcanzar un alto nivel de satisfacción para los ciudadanos, cuando la Junta de Andalucía preste los servicios que la Ley le encomienda. Y es aquí, en esta simple frase, donde los problemas comienzan. Los servicios que la Ley le encomienda están establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Y todos debemos ser conscientes del contenido de este último y el momento en el que se formalizó, en un tándem suicida para los intereses nacionales de ZP-Chaves, cuando se liaron la manta a la cabeza y quisieron cargarse la nación española, término que relativizaron, en un intento antológico de defensa absurda del Estatuto catalán, cuando era de sentido común, la certeza de su manifiesta inconstitucionalidad. Desde entonces este país está tocado de muerte y a saber que pasará, pero la historia espero les pase facturara a semejantes desaprensivos. Esta segunda legislatura con el apoyo de C´s no ha hecho más que empezar. En el acuerdo de investidura, hay al menos dos cuestiones que merecen la pena analizar: la creación de una entidad pública de crédito y la implantación de las llamadas oficinas de apoyo a las empresas exportadoras en los principales centros de la economía mundial. En relación con lo primero, la creación de entidades que permitan la financiación del tejido empresarial, ya existen en Andalucía (IDEA, IFA, entre otros) y no son de buen recuerdo, no pudiendo ser en ningún caso entidades de créditos de las usuales, prohibiéndose de manera expresa la denominación de ellas que pudiera confundir al ciudadano. En lo concerniente con lo segundo, el artículo 149 de la Constitución reserva al Estado la competencia exclusiva en materia de relaciones internacionales. El propio Tribunal Constitucional así lo ha dicho. Queda claro pues que la Junta de Andalucía pretende una vez más enredar, en lugar de amoldarse a la lógica y racional opción, consistente en que las diferentes autonomías se integren en el exterior en la red de oficinas comerciales y diplomáticas del Estado. Quizás todo esto sea la respuesta andaluza al recurso de inconstitucionalidad planteado por el Gobierno contra la Ley autonómica antideshaucio, calificada de inconstitucional por invasión del espacio competencial del Estado.
Con ánimo de despistar, la Presidenta de la Junta anunció en su discurso de investidura que reducirá un 10% los altos cargos. El problema es el número de partida de éstos, a todas luces desproporcionado. La politización y desprofesionalización son atributos ordinarios de una parte importante del sector público andaluz. Éste se ha ido construyendo sin identidad propia, sin tradición administrativa, careciendo de los valores típicos corporativos clásicos de los grandes cuerpos funcionariales, lo que ha devenido con el tiempo en instituciones débiles, con poca consistencia. El alto grado de burocratización, de fragmentación en unidades de gestión, ha venido produciendo una desmesurada inflación orgánica en sus estructuras administrativas, con nombramientos discrecionales hasta terceros y cuartos niveles administrativos. Si Max Weber levantara la cabeza, mandaría a los infiernos a todos los presidentes que ha tenido la Junta.
Pero el juguetito de verdad ha sido la implantación del llamado sector público instrumental. Solo unas cifras puestas en conocimientos de la ciudadanía por la Cámara de Cuentas: en 2010 había 25.000 contratados por la administración instrumental y fundaciones dependientes de la Junta, en tanto que había 24.000 funcionarios. O sea, 25.000 personas que no habían tenido que someterse en la práctica a ningún criterio de mérito, capacidad, transparencia e igualdad. Un juguetito que beneficia a los de siempre, o sea, a los suyos. Lo de jugar es cuestión de buenos amigos.
