La sed de cambios que parece tener un cierto sector de la población, del electorado, tiene un riesgo elevado. Radica en arrasar con lo mucho bueno que se ha construido en los últimos años. Entre esos logros, mayores o menores, está la conversión de la Diputación Provincial de Cádiz en una herramienta administrativa eficaz y nada sectaria, que se ha volcado en los municipios más pequeños -los menores de 20.000 habitantes- tal y como forma parte de su razón de ser. Su misión es prestar apoyo administrativo y burocrático, en administración e infraestructuras, a localidades que nunca podrían tenerlos por sus propios medios. Por poner ejemplos manejables, se trata de dotar a Villaluenga de un polideportivo y un mecanismo de recaudación de impuestos que nunca podría tener por sus propios medios. Esa función básica ha sido cumplido con creces por el efímero gobierno del Partido Popular que ha conseguido auxiliar a distintos ayuntamientos en severas dificultades financieras (impago de nóminas) sin reparar en su color político ni en la filiación del alcalde. Puerto Serrano o Barbate son algunos de los varios ejemplos.
Desde ayer, compete a Irene García mantener esas políticas y ampliarlas con las aportaciones que considere pero sin olvidar su función principal de asistencia y servicio a los pueblos que más lo necesitan.
Es la primera mujer que presidirá la Diputación Provincial de Cádiz y por más contradictorio que parezca, el mejor legado que puede dejar es una trayectoria continuista. Al menos, respetuosa con el pasado inmediato que ha convertido esta institución en una herramienta eficaz por más que los votantes hayan decidido un cambio de responsables. Más que de rumbo.
