El nuevo alcalde de Cádiz se topó ayer de bruces con la cruda realidad. Su intento de evitar que la Policía ejecutase la orden de desahucio de una familia que lleva dos años sin pagar el alquiler a su arrendadora fue infructuoso. Algo lógico, porque se trata de un asunto que escapa a sus competencias. Sin entrar en valoraciones sobre el fondo de la cuestión, hay una máxima que se debe respetar: la Ley. José María González ya no es un activista. Es el alcalde de todos los gaditanos. Lo mismo que sus concejales. La imagen de cuatro de ellos siendo desalojados de la puerta de la vivienda en volandas por los agentes del orden no beneficia en absoluto a su ciudad.
Tanto el alcalde como los miembros de su equipo de gobierno deben centrar sus esfuerzos en hacer política. Empezando por buscar una solución a esa familia desahuciada. Algo que por otro lado no es nada nuevo, ya lo hacían los técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento y de la Junta de Andalucía en anteriores mandatos.
Cádiz tiene tantos problemas por resolver desde el punto de vista político, que emplear el tiempo en causas que escapan a sus competencias es una enorme irresponsabilidad por parte de sus actuales gobernantes. Nadie duda de sus buenas intenciones, nadie desea que una familia tenga que ser realojada en una pensión hasta que encuentre vivienda... pero la obligación de los responsables públicos va mucho más allá de participar en una protesta, de encadenarse a una puerta.
La realidad es dura. Y más dura será si los esfuerzos se orientan por caminos equivocados. El alcalde de Cádiz, el representante de todos y cada uno de sus vecinos, debe asumir cuanto antes que su labor es aportar ideas, propuestas, que favorezcan la prosperidad y la creación de riqueza. Una riqueza que redunde en beneficio de todos. Sólo entonces será cuando no haya que lamentar más desahucios.
