Solo hay dos certezas: el dinero llegaba a espuertas y nadie controlaba su buen uso. Andalucía, como territorio pobre de la Unión Europea, recibió durante muchos años un caudal de dinero que sus gobernantes no supieron manejar. Nunca supieron, o quisieron, hacer que llegara a las manos adecuadas, a la de los parados que precisaban de formación y alguna ayuda para reinsertarse en el mercado laboral. Puede que la chapuza sistemática que recibe el nombre de «fraude de cursos de formación» sea más un síntoma que una consecuencia de unos planes de empleo podridos, deslavazados. La investigación, un año después de empezar las detenciones con la del exconsejero Ángel Ojeda, todavía no sabe la cantidad de dinero que se ha perdido. Pudieron ser hasta 3.000 euros porque las irregularidades estaban generalizadas desde 2001, como mínimo. No se detectaron de forma fehaciente hasta 2012 pese a las advertencias de algunos funcionarios y del Tribunal de Cuentas de Andalucía, por ejemplo. Ahora, al echar la vista atrás, la Policía encuentra un enjambre de grandes empresarios, pequeños negocios, autónomos y academias mezclados con un gran grupo de dirigentes y exdirigentes socialistas que ni se molestaron en aplicar los mínimos sistemas de control previstos. En algunas fases de la investigación, tanto jueces como policías llegan a creer posible que los desactivaran a propósito. Es decir, que propiciaron el absoluto descontrol. Las justificaciones y las inspecciones no existían. El chorro de billetes seguía cayendo desde el Norte y, al parecer, los más listos se aprovecharon. A falta de conocer más detalles, de aclarar las responsabilidades, queda claro que los encargados de distraer tantos millones pueden compartir culpa con todos esos que decidieron mirar para otra parte, para los irresponsables que decidieron eludir cualquier vigilancia sobre tanto dineral malgastado.