El empleo es vital para los ciudadanos y para el país también. De ahí su consideración de derecho y de deber. El trabajo se ha convertido en paradigma del Estado del bienestar. La incidencia de la masa salarial total en la formación de la Renta Nacional supera el 65%. La mejor política pública de naturaleza social, es aquella que cree las condiciones ciertas para la creación de empleo. Las sucesivas reformas laborales iniciadas en 2010, están siendo determinantes para ello. El espíritu de las normas laborales existentes hasta ese momento, se nutrían de los fundamentos en materia social que incorporó el llamado Estado Nacional-Sindicalista y su norma central sobre la contratación laboral de 1944. El Estado intervencionista descansaba en un modelo de relaciones laborales consistente en la estabilidad en el empleo y la creación de empleo. El salario fue conectado desde la implantación del Plan de Estabilización de 1959 a la productividad del propio factor trabajo. Se mantuvo esa tónica hasta la crisis del petróleo de 1973, donde el Estado tenía estrecho margen de actuación. A pesar de ello, desde principios los 70 y durante los inicios de la Transición, los salarios experimentaron subidas salariales desconectadas de la productividad, lo que posibilitó que la situación de crisis económica tuviese y haya tenido un especial componente manifestado en las altas tasas de desempleo.
Hoy, la vida puede llegar a ser inútil sin trabajo. La paz social mucho tiene que ver con todo ello también. De ahí, que el único camino emprendido por el sistema de reformas que han venido operando sobre todo a partir de 2012, tenga un triple objetivo, que son causa efecto uno de otro: la dinamización de la economía, requisito 'sine qua non' para la creación de riqueza, que inexorablemente llevará a la creación de empleo. La economía española ha sido ajustada por mor de las reformas y por la propia inercia de los acontecimientos, a una situación anterior a 1998. Esa fecha fue propuesta por varios premios nobel en pleno comienzo de la crisis en 2007. Fecha con una determinada incidencia de la masa salarial en la formación de la Renta nacional, si se quería fijar adecuadamente y de manera sólida la senda del crecimiento, basado este en la productividad del factor trabajo, con repercusiones claras en la competitividad empresarial. Es absurdo alegar a un nuevo modelo productivo. No menos de dos generaciones tardaría en implantarse de manera progresiva, siempre que el nivel educativo fundamentalmente sea el de excelencia y ya sabemos lo que dice el informe PISA. Y no es que en España se dediquen pocos recursos a la enseñanza, sino que el modelo educativo no ha sido el adecuado. Algo muy grave se cierne sobre la sociedad española y que afecta directamente al desenvolvimiento del mercado de trabajo. La falta de seguridad jurídica se ha convertido en un hándicap, sobre todo por el inexplicable papel adoptado por algunos tribunales de justicia, que se han opuesto a las reformas, limitando ostensiblemente los efectos de la misma y complicando la normal aplicación del derecho por ende. La consecuencia de ello, una manifiesta inseguridad jurídica. Han proliferado los votos particulares en las resoluciones judiciales. Eso es sintomático del problema. Y no será porque en las exposiciones de motivos de las normas, no aparecen con nitidez cual es el espíritu de la Reforma en abstracto y cuál es la intención manifiesta del legislador en el contenido normativo de cada una de ellas. Asistimos con estupor al uso indiscriminado del Derecho del Trabajo de la teoría sobre el uso alternativo del Derecho, justificado en la instrumentalización política del derecho, como instrumento de desestabilización del orden jurídico.
