Seis meses se dio de plazo la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para estudiar las más de 3.000 alegaciones presentadas al Plan del Corredor Litoral y una vez cumplido ese tiempo es hora de dar una respuesta. Ayer mismo el Consejo de Gobierno en funciones aprobaba este decreto con el que se blindan los 500 primeros metros del borde costero y se pretende poner freno al crecimiento urbanístico. La medida tiene especial impacto en la provincia de Cádiz donde afecta a más de una decena de municipios, entre ellos San Fernando, que estaba a la espera de su tramitación para el desarrollo de los terrenos de Fadricas.
El efecto más directo que tiene este plan es el freno absoluto al proyecto urbanístico previsto en las parcelas rurales de Valdevaqueros. El anuncio del Ayuntamiento de Tarifa generó una ola de protestas entre organizaciones ecologistas y otros colectivos sociales que temían que esta zona verde terminara invadida por el ladrillo. Tras varias denuncias ante las instituciones y una férrea oposición, la Junta ha tenido en cuenta la situación para que también se vea afectado por el Plan del Corredor del Litoral.
La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, se mostró ayer tajante sobre este asunto y aseguró que ««merece la pena hacer un último esfuerzo para cerrar el paso a la especulación», según recoge Europa Press, tras recordar que así se impiden proyectos como El Algarrobico, en el litoral almeriense, o el de Valdevaqueros.
Sin embargo, no hizo alusión a la actuación urbanística prevista en los terrenos de Malcucaña, en El Palmar, donde hay interés por levantar un complejo turístico y cuenta ya con toda la tramitación superada para poder construir. En general, en la provincia hay más de un millar de hectáreas afectadas por la protección, entre las que se encontrarían alrededor de 16.000 viviendas. Sin embargo, la titular de Medio Ambiente aseguró que «no se merma el desarrollo urbanístico ni se verá afectado el mercado inmobiliario», ya que existe capacidad para la construcción de 143.000 viviendas en todo el litoral andaluz en la mencionada franja de 500 metros.
Durante el periodo de elaboración del Plan la Junta ha mantenido la suspensión cautelar de la tramitación urbanística de los suelos urbanizables no desarrollados en los 52 municipios costeros que no tienen adaptada su normativa al Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA).
