Sólo hay que recordar la, no tan remota, moda de los «escraches» para entender que vivimos en una de las etapas de mayor crispación social y política desde la Transición. Ese perverso y antidemocrático hábito de acosar a los representantes públicos incluso en sus domicilios, es decir, a sus inocentes familias, se hizo común hace apenas tres años. Esos gestos eran síntoma de un nerviosismo que no puede diluirse tan rápidamente. Aunque buena parte de ese malestar parece reconducido en distintas formaciones políticas y la mejora de la economía, o el descenso del paro, hace de calmante, aún quedan retazos de violencia. La campaña electoral en Cádiz, por ejemplo, ha perdido las formas en sus últimas horas. En la misma jornada se conocieron dos sucesos distintos, en diferentes, pero importanes, poblaciones. Sólo tienen en común la violencia física o verbal que suponen contra una opción política que concurre de forma legítima a las elecciones del domingo. El primero de los casos tuvo lugar en Arcos. Alternativa Independiente Progresista (AiPro), que forma gobierno local, ha sufrido un ataque cibernético en su perfil de redes sociales. Los energúmenos han publicado montajes en los que se acusa a este partido de robar y estafar con fotos de personas, incluso de niños, a los que se tacha de «enchufados». El segundo de los episodios es aún más grave. El coche del candidato del PP a la Alcaldía de Paterna de Rivera, Andrés Clavijo, apareció ayer calcinado. Clavijo aspira a ser protagonista del cambio político en la localidad, donde gobierna el socialista Alfonso Caravaca.
Los dos casos suponen unos ataques intolerables a la integridad moral, al patrimonio y la seguridad de personas que no han cometido más delito que presentarse a una campaña para pedir el voto de sus vecinos.
Si se les acusa de algún delito, que se presente denuncia, que se pruebe, que la Justicia dictamine que son culpables y que paguen. Mientras no se demuestre lo contrario son inocentes, son víctimas de una intolerable pérdida de formas democráticas.
