Todos nos equivocamos y yo el primero. Cuando hablan los pueblos también existe la posibilidad del error. Lo que ocurre es que el paradigma de lo políticamente correcto, consiste en defender que el pueblo soberano nunca se equivoca. Esa afirmación es una falacia como tantas cosas. Acierto y equivocación son el anverso y reverso de la misma moneda en que consiste un proceso electoral. El sentido del voto está justificado por muchas circunstancias, pero hay una que condiciona el resto: la maximización del beneficio individual del votante. Y ello debiera hacernos reflexionar con el caso de Andalucía. Mucho que ver con todo ello fue el año 1982. En España el PSOE obtenía la mayoría absoluta y en Andalucía también. Esos comienzos han condicionado el futuro que funciona con cierta inercia para perplejidad de algunos, no tanto para otros muchos. El votante se ve condicionado para la formación de su opción por múltiples eventualidades. Éramos territorio objetivo 1 de la CEE y seguimos siéndolo. Ahora en la UE, el diferencial de rentas que entre otras cosas determina la naturaleza del territorio, nos sigue situando como una de las regiones de Europa con mayor tasa de desempleo y menos renta. O sea, éramos pobre y seguimos siéndolo, después de 35 años de gobiernos socialistas andaluces. Visto así las cosas nada ha cambiado. La psiquis andaluza debiera ser objeto de tratamiento psiquiátrico. Mezcla de resignación, igualitarismo, corrupción e incapacidad manifiesta de los gobernantes regionales. Adentrémonos en lo más profundo e intentemos entender que ocurre aquí. Todo comienza con la propia construcción de la «autonomía» de Andalucía. El proceso de formación y desarrollo del Estado autonómico con respecto a la creación de sus propias administraciones, se recoge en el artículo 148 de la Constitución. En la Transición, la prioridad era la consolidación política y la legitimación de los poderes. De ahí que una primera época (año 1982) primara, el desorden y la improvisación en el reclutamiento del personal y el predominio de la captación clientelista y politizada. La administración autonómica nacía pues politizada. Con posterioridad se desarrolla la llamada Administración instrumental, de manera vertiginosa, desmesurada e injustificada. La Comunidad autónoma lo ha defendido por motivos de interés general. Pero la verdad de todo ello, es que se ha utilizado de manera sistemática para escapar de los límites de endeudamiento impuesto por la legislación de estabilidad presupuestaria y la captación del personal, haciendo caso omiso de los principios constitucionales para los empleados públicos de mérito y capacidad. Existe una hipertrofia del sector instrumental autonómico, llevándonos a una situación de desorden y gasto poco transparente. Además, no solo los altos cargos autonómicos, sino hasta el cuarto nivel de la jerarquía administrativa, son designados con criterios de confianza política o adscripción partidista. Son puestos inferiores de la Administración reservado a funcionarios con nombramientos hechos de manera discrecional. Es decir se constata la práctica monopolización de la clase política del espacio directivo y semi directivo, imposibilitando de esta forma la creación de una administración pública con una burocracia profesional, eficaz y políticamente neutral, con una nada clara diferenciación entre los puestos políticos y técnicos. La politización tiene como consecuencia el clientelismo político y por ende la corrupción.
Sólo a título ejemplificativo, la creación de este desastre no queda huérfano. El caso del hermano del hermanísimo, Mercasevilla, ERE, Formación y ahora Aznalcoyar, son solo meros supuestos, cuya existencia exigen el funcionamiento de un régimen clientelar, como el instaurado con ocasión de la Restauración, con Cánovas y sus caciques al frente, otorgando concesiones mineras y lo que hiera falta.
