El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, afirmó ayer que no le «consta» que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente «haya expresado una opinión» sobre si está en venta La Almoraima y asegura que el anuncio de la directora gerente de La Almoraima, SA, Isabel Ugalde, de que la finca «ya no está en venta» es sólo una «opinión personal».
Sanz apuntó que «tendrá que ser el Ministerio el que confirme cualquier decisión», e incidió en que la misma «corresponde al Gobierno, y el Gobierno tomará la decisión correspondiente». Además, aseguró que no puede «ni confirmar ni desmentir» lo que indicó Ugalde este martes en rueda de prensa «porque es una opinión personal», y al hilo recalcó que «debe ser el Gobierno el que tome una decisión final sobre ese asunto».
La gerente de La Almoraima, SA anunció el pasado martes que la finca «ya no está en venta», y sostuvo que desde hace un año, casi coincidiendo con la llegada de Isabel García Tejerina al Ministerio en sustitución de Miguel Arias Cañete, se decidió paralizar la venta, ya que «no era necesaria».
Respuesta del PSOE
La respuesta de Sanz ante la situación de esta finca pública ha generado, a su vez, que el PSOE de la provincia valore la situación. En concreto, la secretaria provincial de esta formación, Irene García, lamentó ayer que el delegado del Gobierno «no haya tardado ni 24 horas en disipar toda esperanza sobre el compromiso del Gobierno con La Almoraima». García ironizó con que Sanz haya «vuelto a hacer de pájaro de mal agüero y, lejos de ratificar que a Mariano Rajoy se le ha pasado el afán privatizador sobre un patrimonio público de una riqueza natural excepcional, ha venido a echar un cubo de agua helada sobre las expectativas de la sociedad gaditana y sobre los trabajadores».
La dirigente socialista calificó de «lamentable» la «utilización que el PP viene realizando sobre la finca y sobre su futuro, ya que desde las Elecciones Generales de finales de 2011 la espada de Damocles de la privatización siempre ha pendido sobre la misma, con la salvedad de la antesala de las Autonómicas de 2012, cuando la presión política realizada por los socialistas y la contestación social provocaron que esa decisión quedara temporalmente en suspenso».
