Los trabajadores de la almadraba de Tarifa, que hoy se concentran en Sevilla a las puertas de la Delegación del Gobierno en Andalucía para reivindicar más cuota de atún rojo procedente del fondo de maniobra que gestiona el Ejecutivo central, confían en que Antonio Sanz les reciba y realice las gestiones necesarias para lograr «una pronta solución».
El comité de empresa recuerda que los trabajadores llevan tiempo alertando de la «delicada situación laboral provocada por la escasa cuota asignada». Lamenta que ninguna de sus peticiones haya obtenido «ningún resultado» hasta el momento. Señala que se han dirigido por escrito al secretario general de Pesca, Andrés Hermida, que «basándose en razones mal fundamentadas» les ha «negado» el «leve» aumento de cuota que habían solicitado del fondo de maniobra, pues «ha optado por repartirlo entre flotas que en su día no pudieron demostrar su dedicación a esta pesquería».
No dudan los almadraberos de que también habrá flotas que lo necesiten, pero «no es justo que todos los años se trate de favorecer a los mismos sin tener en cuenta la llamada de ayuda de otros pescadores» como los almadraberos de Tarifa, que «siempre» se han dedicado a la pesca del atún y ahora contemplan cómo no les dejan «lo imprescindible para poder sobrevivir».
La mitad de las capturas
Recuerdan que el atún rojo está sometido por los organismos internacionales a un plan de recuperación, de manera que las cuotas actuales de las almadrabas son «la mitad de las que se capturaban antes de la entrada en vigor de dicho plan». En este punto, se preguntan si no sería «más juicioso esperar a que se restablecieran las cuotas a los valores que había antes de este plan para empezar a repartir cuotas entre nuevos operadores».
Explican que, al no estar conformes con la respuesta de Hermida, también dirigieron escritos a la ministra de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, cuya respuesta aún no han recibido.
Consideran que la movilización prevista en la mañana de hoy entre las 11 y las 12,30 horas, es «una buena oportunidad» para que la ministra dé «una contestación satisfactoria a nuestro problema por medio de Antonio Sanz», delegado de Gobierno en Andalucía.
