La jueza Mercedes Alaya decretó ayer la libertad con cargos para los dos últimos exdirectores generales de formación que formaban parte de los 16 cargos y excargos socialistas detenidos el martes en la 'operación Barrado' por su relación con el fraude en los cursos de formación.
Uno de los últimos en salir fue el gaditano Manuel Brenes, exdelegado provincial de Educación en la provincia y, por tanto, responsable del departamento de Formación Profesional de la Junta de Andalucía en las fechas (2006-2011, principalmente) en las que se centran la investigación. Andrés Sánchez, exdirector general de Formación Profesional le acompañó en el último turno de declaración.
Con ellos quedaban en libertad con cargos todos los detenidos: nueve exdelegados provinciales de Empleo de Andalucía, cuatro exdirectores generales y tres responsables de dos centros formativos públicos, uno de Mijas (Málaga) y otro de Almonte (Huelva). En las imputaciones leídas a los delegados de Empleo, la juez sostiene que existieron órdenes por parte de los superiores de la Consejería de Empleo para que sus subordinados no controlaran los cursos y beneficiaran electoralmente al PSOE.
Alaya preguntó en octubre pasado a un testigo protegido si la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (FAFFE), de carácter público y dedicada a la formación, servía para financiar al PSOE.
Cuando el pasado martes se desarrolló la operación en las ocho provincias andaluzas, los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil detuvieron a dos delegados de la Consejería de Empleo en activo, la de Sevilla, Aurora Cosano, y el de Huelva, Eduardo Manuel Muñoz García, que fueron destituidos ese mismo día y también han causado baja temporal como militantes del partido, hasta que se aclare su presunta responsabilidad en la trama de fraude multimillonario.
El resto de políticos habían ocupado sus cargos con anterioridad y fueron detenidos en una operación en la que la juez investiga posibles delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude de subvenciones relacionados con las iniciativas formativas pagadas con fondos públicos.
La juez cifra en 950 millones de euros el dinero pendiente de justificar por cursos de formación pagados entre 2009 y 2013, y atribuye esa actitud a la «desidia» o el «dolo» de responsables de la Junta de Andalucía.
Críticas a los métodos
Varios abogados han criticado que Alaya ordenara detenciones a políticos en activo o dedicados a otras funciones que no tenían riesgo de fuga, en vez de citarlos como imputados, lo que les habría evitado, a algunos de ellos, pasar dos noches en los calabozos.
El pasado mes de febrero, una treintena de empresarios gaditanos fueron imputados en una investigación del Cuerpo Nacional de Policía, por la misma trama, y se les citó a declarar como imputados, bajo amenaza de detención pero sin el gesto de ser interceptados y acompañados por los funcionarios. Uno de los abogados, Alfonso Martínez del Hoyo, que defiende a un exdirector general, ha denunciado la detención «innecesaria, desproporcionada y excesiva» ordenada hace dos días por Alaya, y ha afirmado que no descarta acciones legales porque cree que se han vulnerado «derechos fundamentales».
Sólo una de las 16 personas detenidas declaró ante Alaya, la ex directora general de Formación Profesional para el Empleo Teresa Florido, cuñada del exconsejero Ángel Ojeda Avilés. Este exsocialista jerezano, que fuera consejero de Hacienda de la Junta y que fue detenido en agosto en Sanlúcar, está imputado por cuatro delitos.
La investigación le acusa de haber recibido hasta 50 millones de euros en subvenciones para organizar cursos que no se celebraron o imcumplían requisitos obligatorios.
Los dos exdelegados gaditanos, Juan Bouza y Manuel Brenes, se han acogido ante Mercedes Alaya a su derecho a no declarar, y la Fiscalía Anticorrupción solo ha pedido, hasta ahora, fianzas para dos de las detenidas. Fue de seis millones de euros para la presidenta de la UTE gestora del Consorcio Andaluz de Formación de Mijas, María de la O Ustarán.
Además, la Fiscalía ha pedido para la exdirectora general de Formación Profesional para el Empleo María José Lara, de Lucena (Córdoba), una fianza civil de más de un millón de euros.
