El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó ayer las bases que regulan la concesión de ayudas a proyectos de carácter social o en el ámbito de la drogodependencia para el ejercicio 2015, que están dotadas con la cantidad de 110.000 euros. Esta cifra comprende 100.000 euros para proyectos sociales, justo el doble que en 2014.
En una nota de prensa, la Institución provincial indica que los restantes 10.000 euros son para el capítulo de programas complementarios a la actividad asistencial que desarrollan los centros de tratamiento ambulatorio adscritos al Servicio de Drogodependencia de Diputación.
En 2014 fueron 97 los colectivos que recibieron ayudas por un montante total de 57.000 euros, y más de 7.000 las personas beneficiarias. Esta convocatoria se articula a través del área de Desarrollo y Bienestar Social, de la que es responsable el diputado Antonio García Ortega.
Estas partidas se concederán a proyectos concretos realizados en 2015 por asociaciones o entidades sin ánimo de lucro de la provincia.
Se dividen en cinco líneas de trabajo: Programas de intervención especializada con personas mayores, de intervención y atención a personas con discapacidades físicas o psíquicas, de atención a familias y menores y de actuaciones y gastos para el desarrollo de políticas de prevención o de intervención sociosanitaria y programas complementarios a la actividad del Servicio de Drogodependencia de la Diputación.
El plazo para solicitar estas ayudas es de 30 días naturales. Las solicitudes pueden presentarse en el registro general de la Diputación o en aquellos previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas.
3.000 euros por proyecto
Pueden ser compatibles con otras que pudiera obtener la entidad beneficiaria, y el máximo que aportará por proyecto la Diputación será de 3.000 euros. Al menos un cinco por ciento del coste total del proyecto será aportado por la propia asociación beneficiaria.
Las asociaciones solicitantes deberán estar legalmente constituidas e inscritas en el Registro correspondiente a su naturaleza fiscal, tener sede o delegación en la provincia y disponer de estructura suficiente para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.
Para la concesión de fondos se tendrán en cuenta la evaluación técnica del proyecto; la incidencia social que comporta su aplicación, con especial atención la número de beneficiarios; su aportación económica, humana y material; su carácter innovador; el grado de cumplimiento de proyectos precedentes; la inclusión de perspectivas de género y la redacción con un lenguaje no sexista ni excluyente.
