Sin ser política en el Ayuntamiento, ni ostentar puesto de responsabilidad, Isabel Marín Pareja parece que marcará los tiempos y condicionará la agenda de la institución. Sobre todo porque tanto el alcalde, como el equipo de Gobierno y los técnicos del Ayuntamiento tendrán que estar pendientes de los requerimientos que la jueza del Juzgado de Primera Instancia Número Dos realice.
Lo hará en torno al auto de imputación del regidor, Ernesto Marín , como supuesto responsable de delitos de prevaricación y malversación de dinero público por pagar con las arcas consistoriales un pleito contra el que fuera concejal socialista Joaquín Muriano.
Una vez superada la sorpresa inicial, en el Consistorio decían no tener constancia aún del auto de imputación ni de los requerimientos que éste trae consigo. Sin embargo, los Juzgados han determinado una serie de solicitudes que la jueza necesita para poder llamar a declarar a Marín en calidad de imputado.
De entrada, el auto fechado el 30 de enero de 2015 fija un grueso de declaraciones que se producirán el próximo 23 de abril. De un lado, el propio denunciante, Joaquín Muriano tendrá que explicar los motivos que argumenta en su denuncia, derivada de una querella criminal que Marín interpuso contra él en noviembre de 2008 por una irregularidad en unas licencias de apertura que finalmente se desestimaron.
De hecho, el juzgado ha estimado solicitar todas las diligencias que Muriano solicitaba en su denuncia. Además de su declaración, ante la jueza pasarán esa misma jornada el secretario general del Ayuntamiento, Francisco Javier López Fernández; el abogado habitual de la institución, Jesús Giménez Morejón; el interventor municipal, Tomás Pérez Cruceira y la concejala de IU, Ana Rodríguez (en aquel momento en el poder durante el cuatripartito).
Sin embargo, los requerimientos desprendidos de la denuncia no quedan ahí. En el auto también se solicita la transcripción de la intervención del portavoz del Gobierno Andrés Núñez en un Pleno de febrero de 2012 por la que no se admitió la petición de Muriano a que se anularan los decretos por lo que se establecía una querella contra él.
También se pedirá el acuerdo por el que se decidió recurrir el auto de archivo de la querella y un informe del interventor sobre los gastos autorizados para continuar con el proceso judicial contra Muriano.
Todo ello cuando el propio denunciante ha presentado una denuncia en la que aporta abundante documentación. De todos los datos aportados, destaca el certificado del vicesecretario en el que certifica que no consta los diversos pasos necesarios para poder haber realizado la querella conforme a las pautas habituales en una administración pública.
A eso se suman, artículos de prensa o la primera minuta del abogado, también sin los supuestos trámites necesarios. Todas estas pruebas deberá aportarlas el Consistorio, con independencia del recurso que ya el propio Ernesto Marín ha anunciado que presentará. Algo que no podrá hacer hasta que no reciba la notificación de la imputación.
Mientras, el alcalde reconocía ayer que estaba pasando por momentos duros. Tanto como para publicarlo en un mensaje de Facebook donde el regidor volvió a hablar, en este caso, de sus impresiones más personales.
Así, Marín dirigió un claro mensaje a los socialistas: «No me vais a asustar, no me vais a amilanar, no me vais a bloquear, tengo la conciencia muy tranquila y esto me da una fuerza tremenda». El regidor dijo estar «deseando» demostrar su honestidad «frente las embestidas» de los que le «machacan personalmente para llegar al poder».
Por su parte, la secretaria general del PSOE y concejala del Grupo Municipal Socialista, Cándida Verdier fue especialmente crítica con las palabras de Marín en las que se defendía de la imputación y aprovechó para pedirle que el recurso al auto «lo haga con dinero de su bolsillo y no siga gastándose más dinero del Ayuntamiento». Igualmente, censuró «la falta de respeto hacia la juez» al hablar de «una trama política».
«Ningún juez se va a prestar a una trama o venganza política, puesto que hablamos de un auto judicial en el que la juez ha visto datos objetivos suficientes como para decir que hay indicios racionales y objetivos de la comisión de un delito de prevaricación y/o malversación de fondos públicos y le da la garantía legal para que se persone en las actuaciones con abogado y procurador», destacó.
Por su parte, Rodríguez, portavoz de IU y testigo en el auto, censuró igualmente las palabras del alcalde y apuntó para el que «si piden dimisiones en la Junta de Andalucía, deben ser coherentes con los postulados que defienden».
