Desde 2012 hasta la fecha, la Unión General de Trabajadores está aplicando la medida más drástica y dolorosa de reducción de gastos en sus cuentas: los recortes de plantilla con la mínima indemnización que la ley reconoce a los afectados.
Esta sucesión de expedientes de regulación sigue llamando la atención porque se está produciendo en un sindicato, que suele sentarse junto a los trabajadores y enfrente de la patronal en una mesa de negociación.
Desde 2012 que se anunció el primero y que supuso toda una conmoción dentro y fuera de la organización, la central ya ha aplicado varios ERE y ERTE (tanto en la estructura como en institutos y fundaciones creadas por UGT).
En tres de esos expedientes se han visto ya afectados trabajadores de la provincia de Cádiz. Y los últimos en sumarse a la incertidumbre de un futuro laboral incierto conforman la plantilla de la Fundación Socio Laboral de Andalucía (FSLA), responsable de los servicios jurídicos de la organización.
Este pasado viernes comenzaba la negociación entre 'la patronal' y una comisión que representa al colectivo de trabajadores. La Fundación les entregaba la memoria económica y el contenido de las medidas que incluyen el expediente de regulación.
De los más de 70 trabajadores que en estos momentos dependen de la FSLA en la comunidad autónoma , 27 estarían en el disparadero y de ese grupo que saldría despedido con la mínima indemnización que recoge la ley, tres saldrían del centro de Cádiz capital.
La 'empresa' alega motivos organizativos y a diferencia de los otros expedientes frenados por la Justicia, justifica el despido de una treintena de trabajadores debido a una reorganización interna por la caída en el número de expedientes que tramitan al año.
El colectivo lo componen trabajadores sociales, abogados y administrativos, encargados de la defensa jurídica de los afiliados. La tijera llega a uno de los servicios esenciales de un sindicato.
Su director general, Francisco Díaz, sacaba pecho en 2013 sobre el buen funcionamiento de la FSLA. A través de una nota de prensa, subrayaba un altísimo porcentaje de pleitos ganados (83 por ciento) y la cifra de más de 170.000 personas atendidas en los últimos diez años. Consideraba a la Fundación «uno de los logros más importantes del sindicato».
Fuentes consultadas por este periódico aclaran que esos datos de impacto del expediente son provisionales y que pueden variar en función del desarrollo de la negociación. Así ocurrió el año pasado, con el segundo expediente que UGT-A anunciaba para la plantilla de la estructura de la central sindical en Andalucía (el primero fue el de 2012, frenado por el Tribunal Supremo).
En esa ocasión se partía de una medida de medio centenar de afectados, la mayoría destinada en Sevilla. Y esa cifra finalmente se redujo al incorporarse rebajas salariales para los que mantenían el puesto. Eso supuso que el expediente se firmara con acuerdo de ambas partes y no fuera trasladado el conflicto colectivo a los juzgados.
En 2014 no hubo afectados de la provincia, pero sí los ha habido a principios de este año en el expediente temporal aplicado para el IFES (Instituto de Formación y Estudios Sociales, dedicado a impartir los cursos de formación) que dejaba prácticamente desmantelada la oficina de Cádiz.
A esa medida hay que sumarle las que se acometieron en 2012 y que afectaron a más de una treintena de trabajadores de Cádiz en un ERE y un ERTE que abrió en canal a la central sindical.
La caja de Pandora
Tras el anuncio de esa medida, que se producía después de la aprobación de la reforma laboral del PP que abarataba el despido, comenzó la filtración de información comprometedora sobre las cuentas de UGT.
Unas informaciones periodísticas que provocaron la caída de los dos últimos secretarios generales de Andalucía, Manuel Pastrana y Francisco Fernández Sevilla, la apertura de una investigación judicial y la reclamación por parte de la Junta del reintegro de parte de las subvenciones que había concedido al 'sindicato amigo' durante años.
Sin embargo, esos expedientes que tantas repercusiones generaron aún siguen en el aire. El ERE ha sido frenado por el Supremo. El tribunal ordenaba en noviembre al TSJA que repita la vista oral que acabó con una sentencia favorable para el sindicato porque no admitió la práctica de una prueba solicitada por los trabajadores.
En cuanto al ERTE, el Supremo condenó al sindicato a pagar a los afectados los salarios atrasados y anulaba la medida. Pero el sindicato ha decidido mantener el pleito vivo y ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.
UGT se desliga de la decisión
El anuncio del nuevo expediente fue adelantada por ABC el pasado mes de febrero. Desde el sindicato emitieron un comunicado en el que exigían la rectificación del medio porque niega que detrás de ese ERE estuviera UGT-A y afirman que la Fundación Socio-Laboral es una entidad independiente, con sus propios órganos de Gobierno, responsables de las decisiones que se adoptan.
«La Fundación Socio Laboral Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia, constituida en el año 2001 y que se dedica y se sigue dedicando al asesoramiento jurídico y defensa judicial de los afiliados de UGT y trabajadores en general. Como toda fundación tiene sus propios órganos de gobierno, en este caso un Patronato, a los que les corresponde cumplir los fines fundacionales y administrar con diligencia los bienes y derechos que integran el patrimonio de la fundación, manteniendo el rendimiento y utilidad de los mismos», alegaba el sindicato.
La dependencia de la FSLA y la UGT es tan obvia como que comparten instalaciones y recursos; la primera fue creada por la central sindical en 2001 y su patronato lo constituyeron los secretarios provinciales y los responsables regionales de las distintas federaciones.
Más lazos de unión. Los letrados que prestaban oficio hasta 2001 en la organización sindical fueron absorbidos por la FSLA manteniendo su antigüedad (unos 80) y como reza la propia información que facilita la UGT-A en su página web: el 75% de la clientela de la Fundación son afiliados al sindicato.
Una sentencia del TSJA de 2012, que se pronunciaba sobre la demanda que había planteado una trabajadora despedida contra la Fundación y el sindicato, explica la ligazón entre ambas entidades: «UGT-Andalucía constituyó la Fundación Socio Laboral de Andalucía para una mejor prestación de ese servicio; esta entidad integró a parte del personal jurídico que antes realizaba esa misma labor en UGT y efectúa su actividad en los mismos locales que antes».
En la sentencia también se aclara la dependencia económica y presupuestaria que tiene la FSLA con respecto a la central sindical, que le cubre «la diferencia entre ingresos y gastos» en los distintos centros provinciales.
