La Policía Nacional amplió ayer sus actuaciones contra la Junta de Andalucía para tratar de aclarar si se han cometido irregularidades en los pagos e indemnizaciones a los trabajadores de los CADE (Centros de Apoyo al Desarrollo Empresarial) y a los agentes locales de promoción de empleo (ALPE).
Con esa intención, los funcionarios policiales llegaron ayer a los centros de trabajo de estos empleados públicos en San Fernando, El Puerto de Santa María y Puerto Real. Días antes, habían desarrollado la misma actuación en instituciones municipales del Campo de Gibraltar.
El objetivo de la investigación, ordenada por la Fiscalía Provincial a instancias de la coordinación regional, para tratar de averiguar si la Junta de Andalucía financió de forma irregular a estos trabajadores en los años 2010, 2011 y 2012. Trata de aclarar si las retribuciones con las que les pagó en esos años procedían de partidas presupuestarias sin autorización legal para ese uso.
Según testimonios del colectivo de afectados y de sus máximos representantes en la provincia de Cádiz, esta iniciativa corresponde a la investigación iniciada por las ocho fiscalías provinciales tras detectarse indicios de posible malversación de caudales públicos.
La acusación final podría incluir el delito de prevaricación contra distintos responsables de la Junta, puesto que habrían tomado una decisión a sabiendas de que era injusta o negligente. El origen del conflicto está en una disputa entre distintas consejerías de la Junta en el año 2010.
Tanto Innovación como Empleo debatieron respecto a la responsabilidad sobre estos trabajadores. Finalmente, al quedar en un limbo administrativo, quedaron a merced de las administraciones municipales y fueron despedidos por la incapacidad presupuestaria para mantener sus puestos de trabajo.
En el transcurso de las declaraciones y las inspecciones de ayer, los miembros de la Policía Nacional tenían como prioridad tratar de aclarar si los empleados públicos de CADE y ALPE han desarrollado funciones que no les correspondían, o durante periodos mayores a los establecidos. Incluso, si aún siguen en los ayuntamientos prestando esa función derivada de la administración autonómica.
Los presuntos delitos investigados tienen como supuesto origen el reparto «sin control» que hizo el Gobierno andaluz de 57 millones de euros al centenar de consorcios de trabajadores públicos, entre ellos el de los ALPE.
El Ministerio Público sospecha que sus indemnizaciones, y antes buena parte de las retribuciones que percibieron, salieron de un partida presupuestaria que tenía otra finalidad. Ese dinero público fue desviado y usado, de forma presuntamente ilegal, para tratar de resolver apresuradamente la salida de estos trabajadores.
Ese cambio administrativo se habría realizado sin las preceptivas condiciones legales, sin autorizaciones de ningún tipo ni control parlamentario o político. Esta investigación, ahora en marcha, es el resultado de una denuncia interpuesta ante la Fiscalía Superior por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF). Los responsables del sindicato, cdel que no forman parte los 700 ALPE afectados por estas actuaciones, decidieron dar ese paso tras conocer un informe oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía con fecha del 7 de marzo de 2014.
Posible desacato
Ese documento alertaba de «indicios de responsabilidad penal», por malversación y prevaricación, en el uso de esos 57 millones repartidos «sin control», cuando los consejeros de Empleo eran los socialistas Manuel Recio y Antonio Ávila (ambos imputados en el caso ERE).
A esta investigación se suman las sentencias, ya dictadas, que obligan a la Junta a readmitir a los ALPE en sus anteriores puestosa. Como quiera que se trata de resoluciones firmes, respaldadas por el Tribunal Supremo, que la Junta de Andalucía se resiste a acatar, los afectados estudian presentar denuncias por desacato aún pendientes de confirmación.
