La nueva fase de la 'operación Edu' contra el fraude en los cursos de formación a desempleados cerró esta semana su fase de instrucción en la provincia de Cádiz. El resultado, numérico, ha sido mayor del que los funcionarios de la Policía Nacional tenían previsto en principio. Finalmente, han sido 30 las personas a las que se ha tomado declaración y han quedado imputadas.
Un pequeño grupo de ellas se acogió a su derecho a no declarar hasta ser citados por la autoridad judicial. Todos han sido llamados bajo aviso de detención y con la advertencia de acudir con abogado a las dependencias de la Comisaría Provincial de la avenida de Andalucía de Cádiz. La ronda de citaciones (para evitar arrestos) comenzó el pasado martes 10 de febrero. Los 30 imputados son responsables de 18 entidades o colectivos, desde academias de formación e instituciones públicas a centros educativos concertados o empresas diversas.
Todos, presuntamente, serían responsables, de forma particular o colegiada, por acción u omisión, de solicitar y recibir subvenciones por cursos de formación a parados que nunca llegaron a realizarse, fueron defectuosos o incumplieron requisitos legales como la contratación posterior de los alumnos.
Las declaraciones se han prolongado hasta el pasado martes 24 de febrero y han convocado a investigados, ya imputados, de siete localidades: Cádiz, Chiclana, Jerez, Algeciras, Sanlúcar de Barrameda, Arcos de la Frontera y Rota. Entre ellos destaca la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, que fue interrogada por las acciones formativas de Mercajerez cuando ella lo presidía.
La magnitud de la estafa en los cursos de formación a parados, tanto en las ocho provincias andaluzas como en otras comunidades autónomas, también ha puesto en alerta a otros estamentos de la Administración del Estado. Así, el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha decidido poner en marcha un equipo especial y específico de la Inspección de Trabajo que tendrá como única misión perseguir el fraude en los cursos de formación a desempleados.
El Gobierno, dentro de este mismo plan, ya trabaja en una modificación de las sanciones para los empresarios y las firmas que se beneficien de subvenciones para cursos y no cumplan los requisitos. La idea inicial es que la nueva normativa incluya un endurecimiento de los castigos y la devolución íntegra del dinero percibido.
