El exdelegado de la Zona Franca de Cádiz entre los años 1996 y 2001, Manuel Rodríguez de Castro, ha sido condenado a un año y medio de cárcel y al pago de 587.000 euros al Estado por defraudar a Hacienda. Según la sentencia a la que ha tenido acceso LA VOZ, el exdelegado elegido por el PP durante el anterior Gobierno de José María Aznar, ocultó al fisco 480.000 euros en su declaración del año 2003.
Por esa fecha Rodriguez de Castro ya había sido relegado de su puesto y sustituido por Miguel Osuna. Las denuncias sobre una pésima gestión al frente del recinto fiscal habían saltado de los periódicos a los juzgados.
El exdelegado había caído en desgracia dentro de la órbita popular y retomó sus negocios privados. En 2008, cuando ya había sido imputado en dos causas judiciales relativas a su gestión al frente de la Zona Franca (caso Rilco y caso Quality), la Fiscalía de Sevilla lo denunciaba por delito contra la Hacienda Pública.
Con esta sentencia dictada por el juzgado de lo Penal nº 4 de Sevilla, Rodríguez de Castro suma una segunda condena de cárcel, ya que por el 'caso Rilco' (su gran proyecto de portal de comercio electrónico que nunca cuajó) fue sentenciado en 2013 a ocho años de prisión por malversación, prevaricación y fraude de subvenciones. Esta decisión que acordó la Audiencia Provincial de Cádiz fue recurrida tanto por el condenado como por la Fiscalía y está a la espera de pronunciamiento por parte del Tribunal Supremo.
En un paraíso fiscal
A finales de 2002, el exdelegado creó la empresa Iberian Reints España, que según el juez que acaba de condenarlo, sólo tenía como fin ocultar sus verdaderos ingresos procedentes de operaciones que realizaba en el extranjero. A esa conclusión se aproxima el magistrado con sólo analizar cómo estaba constituida esa sociedad. Rodríguez de Castro era el administrador único y la firma autorizada de todas las cuentas bancarias vinculadas a Iberian Reints S.L.U.
Sin embargo, la propiedad de las participaciones sociales de la empresa estaba a nombre de otra que también controlaba Rodríguez de Castro, y cuyo domicilio social radica en el estado americano de Delaware, un reconocido paraíso fiscal para las empresas.
En 2003, relata el juez del Penal nº 4, el condenado recibió dos remesas de divisas procedentes de Perú y Estados Unidos por importe de 446.623 euros. Un dinero que ingresó a través de la empresa Iberian Rents y que el exdelegado utilizó para comprar dos casas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón que costaron 514.650 euros y 363.650 euros. Ambas operaciones inmobiliarias se hicieron a nombre de la sociedad con su capital social erradicado en un paraíso fiscal.
En la declaración de 2003, el exdelegado obvió los ingresos que había obtenido tanto por IRPF como en el impuesto de sociedades como administrador único de Iberian Rents.
El juez, que hace suyos los argumentos que defendió el fiscal durante la vista oral celebrada el pasado mes de junio, cifra en 665.685 euros los emolumentos de Rodríguez de Castro como persona física durante ese año y que percibió directamente o como intermediario de la citada sociedad que administraba. Esa cantidad le fue ocultada al fisco, concluye el juez. El exdelegado de la Zona Franca nombrado por el PP no lo incluyó en su declaración de la renta; lo que generó un perjuicio al erario público de 292.722 euros.
Además, tampoco declaró los rendimientos percibidos por la empresa dentro del impuesto de sociedades. En este caso, el Estado habría dejado de ingresar una cuota de 178.649 euros.
Vetadas las ayudas
Rodríguez de Castro no sólo ha sido condenado a un año y seis meses por un delito fiscal, tendrá que indemnizar a la Hacienda Pública con 292.722 euros y además deberá pagar otros 295.000 euros de multa que en caso de no ser satisfecha, sumará otros seis meses de condena. Además, durante cuatro años tiene vetado el acceso a las ayudas públicas o a gozar de incentivos fiscales.
La sentencia no es firme y puede ser recurrida.
Los problemas judiciales de Rodríguez de Castro van en paralelo con los económicos, ya que ese cerca de medio millón de euros se suma a otras responsabilidades financieras que debe asumir. Así, además de las dos condenas por la vía penal, Rodríguez de Castro y su sucesor en el puesto Miguel Osuna (también acusado e imputado en Rilco y Quality), fueron sentenciados por el Tribunal de Cuenta al pago de 4,3 millones. Una cantidad que responde al quebranto económico que generaron ambos delegados a un recinto fiscal que una década después aún no ha remontado el vuelo.
