La provincia de Cádiz cerró 2014 con la peor estadística sobre violencia de género registrada en el último lustro. En un balance confeccionado por este periódico a partir de las muertes violentas ocurridas entre enero y diciembre, por primera vez desde 2008 se han contabilizado más de tres víctimas.
En concreto, tres mujeres y una niña. En ese contexto, que no es exclusivo de la provincia gaditana, el Ministerio del Interior, ante la falta de recursos nuevos debido a los ajustes presupuestarios -nunca reconocidos oficialmente- ha optado por optimizar los existentes para intentar frenar la sangría de muertes y denuncias con la creación de una nueva unidad policial: la UFAM, la Unidad de Familia y Mujer que ya se está implantando funcionalmente en las comisarías provinciales.
En el caso de Cádiz, esta nueva unidad es el resultado de la fusión del Servicio de Atención Familiar (SAF) y la Unidad de Prevención y Asistencia (UPAP). En total, trece funcionarios policiales que antes se repartían las funciones de Policía Judicial (labores de investigación) con la atención y el seguimiento a las víctimas que solicitan protección.
Agrupados ahora en la UFAM, «el objetivo es dar una asistencia integral a la víctima que acude a nosotros. No separarnos de ella desde que iniciamos el atestado hasta acompañarla al juzgado o al médico», explica el jefe de la unidad, el inspector Jorge Martínez.
Este experimentado agente explica cómo se dan muchos casos de mujeres que abandonan el proceso de denuncia en mitad de los trámites. «El simple hecho, en algunas comisarías, de tener que cambiar de dependencias para denunciar y después ser evaluada para fijar el grado de riesgo que sufre, ha facilitado que las víctimas se hayan marchado entre puerta y puerta. Y eso es algo que no podemos permitir. Esas personas deben encontrar aquí soluciones y facilidades».
Durante la entrevista para conocer mejor cómo funciona el SAF que en breve perderá su nombre para convertirse en la UFAM, la falta de medios es una realidad que no pueden esquivar los funcionarios aunque no sea políticamente correcto. En estos momentos, cada agente encargado del seguimiento de las víctimas que piden protección a la Policía Nacional en la Comisaría provincial tiene una media de 25 mujeres a su cargo. «Las carencias se cubren con mucha dedicación».
Lo dice quien recibió el reconocimiento, en nombre de su equipo, por su implicación en la atención a las víctimas de violencia de género en los Premios Menina que concede la Delegación del Gobierno de Andalucía. En la edición de 2014, la provincia gaditana estuvo también representada con el fiscal de Algeciras, Gonzalo Fernández, también distinguido por su tarea en pro de la erradicación de esta lacra social.
Las limitaciones de recursos que son suplidas con esfuerzo también es reconocida por los superiores en la Comisaría provincial; un destino que arrastra desde hace más de una década una vieja demanda sin cumplir, la actualización de su catálogo de puestos de trabajo para que se adapten a las nuevas realidades y necesidades de la Bahía de Cádiz.
«Estamos perdiendo agentes que no se reponen en esta Comisaría, es una realidad. Pero también se están haciendo esfuerzos para que la asistencia a las víctimas de la violencia doméstica, ya sean mujeres, menores...personas mayores, sea una prioridad», subraya el jefe de la brigada de Policía Judicial, José Manuel Menacho.
Riesgo medio
Los perfiles, cuando se habla de violencia de género, no existen. Así lo demuestran las estadísticas con una pluralidad de víctimas que no responden a ningún patrón. Unas afirmaciones que comparte también el jefe de la UFAM en Cádiz: «Hay agresores con más o menos formación, de todas las clases. Lo que sí hay son elementos que pueden favorecer que una situación se desborde como el consumo de drogas o los problemas económicos».
Evaluación de riesgo
Esas circunstancias que pueden funcionar como detonantes son analizadas a la hora de evaluar el grado de riesgo al que está expuestas las mujeres que solicitan protección. Y en función del nivel de peligrosidad se articulan unas medidas u otras. Estas van desde llamadas regulares que realizan los funcionarios para comprobar que la víctima se encuentra bien hasta vigilancia estática en las inmediaciones de su domicilio si se enfrentan a un peligro elevado de que el agresor actúe en cualquier momento.
La evaluación de ese riesgo, explica el inspector Jorge Martínez, se realiza a través de una primera exploración de la víctima a la que se somete a una serie de preguntas para conocer detalles de la posible 'amenaza' como si es consumidor de drogas, la ha agredido antes o tiene armas en su casa. «Esa primera valoración está sometida al seguimiento que realizan los compañeros a esas mujeres para comprobar si ese riesgo va creciendo o no».
Víctimas que acudían en menor número con sus denuncias a las comisarías y juzgados en los últimos años, según se extrae de la estadísticas del Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, esa tendencia decreciente que comenzó en 2008 parece que se rompe en el último año. Hasta septiembre de 2014, los juzgados gaditanos habían ingresado 3.412 denuncias por delitos y faltas.
