La nueva fase de la 'operación Edu', denominada en el argot policial 'Edu costa', crece a sorprendente velocidad. Apenas tres jornadas después de que, el pasado martes 10, comenzaran las detenciones, citaciones, declaraciones y comunicación de imputaciones, el número de implicados se multiplica.
En la Comisaría Provincial de Cádiz ya son 20 las personas que han prestado testimonio tras ser llamadas, bajo aviso de detención en caso de no comparecer, y han quedado en libertad con cargos por decisión del Juzgado de Instrucción número 3.
Cuando esta fase de la operación policial y judicial dio comienzo, hace 72 horas, la estimación de la Policía era que en Cádiz pasaran por la Comisaría y quedaran imputadas 22 personas en la provincia gaditana, entre antiguos y actuales responsables públicos y, sobre todo, responsables de academias de formación o empresas diversas. Todos, presuntamente, serían responsables, de forma particular o institucional, de solicitar o recibir subvenciones por cursos de formación a parados que nunca llegaron a realizarse, fueron defectuosos o incumplieron requisitos legales de contratación posterior de los alumnos.
Sin embargo, ese número ha podido quedarse corto. Tanto que fuentes de la investigación admiten que podría llegar a duplicarse.
Tal es el crecimiento de los posibles implicados y de los citados que fuentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en Madrid aseguraron ayer a LA VOZ que el desfile de detenidos y declarantes se prolongará «al menos hasta el próximo día 25 de febrero y, quizás, durante todo lo que queda de mes o principios de marzo».
Los primeros en prestar declaración con un abogado y conocer que están siendo investigados para ejercer su defensa -es decir, los primeros en quedar imputados- han sido los que tienen domicilio o tuvieron actividad en Jerez de la Frontera, además de uno de Arcos.
A partir de este viernes, y hasta el próximo miércoles se han cursado las citaciones, bajo aviso de orden de arresto, contra los que viven o desarrollaron su actividad en Cádiz, Chiclana y Rota. Para los días siguientes quedan los de Algeciras y Sanlúcar de Barrameda. Según los informes administrativos con los que trabaja la UDEF, hasta ahora no hay indicios de más ayudas fraudulentas en ningún otro municipio de la provincia de Cádiz.
Dada la gravedad de las declaraciones y las constantes imputaciones de testigos (cursillistas y docentes, especialmente) la Policía Nacional tampoco descarta que pudieran aparecer más casos en otras localidades.
La magnitud de la estafa en los cursos de formación a parados, tanto en las ocho provincias andaluzas como en otras comunidades autónomas, también ha puesto en alerta a otros estamentos de la Administración del Estado. Así, Subdelegación del Gobierno confirmó ayer que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social ha decidido poner en marcha un equipo especial y específico de la Inspección de Trabajo que tendrá como única misión perseguir el fraude en los cursos de formación a desempleados.
Endurecimiento de la normativa
Aunque la decisión de poner en marcha esta unidad es anterior a las últimas detenciones, las mismas fuentes oficiales admiten que el estallido del 'caso Edu' el pasado agosto en la provincia -con la detención del exconsejero socialista de la Junta Ángel Ojeda Avilés en Sanlúcar de Barrameda- impulsó su puesta en marcha e influyó en que tuviera una mayor dotación personal, material y presupuestaria.
El Ministerio de Empleo, dentro de este mismo plan, ya trabaja en una modificación de las sanciones para los empresarios y las firmas que se beneficien de subvenciones para cursos y no cumplan los requisitos. La voluntad de su titular, Fátima Báñez, es que la nueva normativa incluya un endurecimiento de los castigos y la devolución íntegra del dinero percibido.
