La juez Mercedes Alaya ha declarado el secreto parcial de la causa en la que investiga el presunto fraude en subvenciones a cursos de formación por parte de la Junta de Andalucía ante la «gravedad» de los hechos y tras detectar distintas «bolsas de fraude» que le han llevado a abrir hasta cuatro nuevas líneas de investigación, entre ellas una concerniente a las ayudas a la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y el Empleo (Faffe).
En un auto fechado el pasado 20 de enero, la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla toma esta decisión tras la petición realizada al respecto por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y con el fin de «evitar interferencias o acciones que puedan poner en riesgo el éxito de las investigaciones» de la UCO, que ha elaborado en este sentido un atestado «en el que se ponen de manifiesto las líneas de investigación que se están llevando a cabo».
La juez cita en primer lugar la «existencia de entramados empresariales beneficiados de diferentes subvenciones, algunas de las cuales habrían sido identificadas por funcionarios de la propia Dirección General de Formación» y por Teodoro Montes, jefe del departamento de gestión de la Formación Profesional Ocupacional de la Junta en Sevilla, «y en la que personas que dirigían varios entramados de empresas tenían acceso a un volumen importante de subvenciones, incluso algunas de estas personas tendrían relación con determinados cargos de la Administración».
Entre esos entramados estarían las empresas del exconsejero jerezano Ángel Ojeda, detenido el pasado verano en Sanlúcar.
Señala a los consorcios
En segundo lugar, la instructora alude a la «existencia de determinados fraudes en los consorcios entre administraciones; estos consorcios recibían subvenciones a través de la Dirección General de Formación Profesional de la Consejería de Empleo, utilizando el procedimiento de adjudicación de 'Concurrencia no Competitiva', planteando la Cámara de Cuentas dudas sobre la adecuación del procedimiento».
En este sentido, Alaya pone de manifiesto que, de la documentación recibida, «se ha podido constatar que todos los consorcios tienen abierto expedientes de reintegro, dos de ellos en fase de inicio, y el resto en fase de resolución».
Asimismo, y en tercer lugar, la juez enumera «las subvenciones otorgadas a empresas y fundaciones para la realización de acciones tendentes a la recolocación de los extrabajadores de Delphi y empresas afectadas», en virtud del Protocolo de Colaboración firmado en julio de 2007 entre la Junta y los sindicatos «con objeto de desarrollar un 'Dispositivo de Tratamiento Singular' que contemplaba un Plan de Revitalización Industrial de la Bahía de Cádiz y su entorno, como consecuencia del cierre de la factoría de Puerto Real y su industria auxiliar».
Este plan, según señala la instructora, se desarrolló en cuatro fases y contó con una serie de subvenciones extraordinarias para formación -siete subvenciones otorgadas por el SAE a la Faffe por 35,9 millones- y contratación -otorgadas por el SAE a una serie de empresas por un importe total de 70 millones de euros-.
Según Alaya, la Faffe «llegó a convertirse en un instrumento de la Consejería de Empleo y el SAE de dimensiones extraordinarias, con personal empleado que se contaba por varios miles y con sueldos muy elevados en comparación con otros empleados similares de la Administración». «Estos empleados, con ocasión de la disolución de la fundación, pasaron a ser empleados públicos», recalca.
«La única fuente de financiación de la Faffe eran las subvenciones otorgadas por el SAE, en su mayoría con carácter nominativo o extraordinario, presentando graves irregularidades en lo que a la justificación de las mismas se trata», dice la juez.
La juez, además, libra mandamiento a la Agencia Estatal de Administración Tributaria a fin de que informe sobre las relaciones comerciales, «tanto con clientes como con proveedores, declaradas por la Faffe, como por las empresas beneficiarias de subvenciones en el denominado 'caso Delphi'», entre las que cita a un total de once, como Gadir Solar, Asociación de Empresas Aeronáuticas o Fundación Forja XXI, entre otras.
