El exconsejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández ha solicitado a la juez que investiga el 'caso de los ERE' que le conceda una pensión alimenticia de 1.840 euros mensuales a fin de atender «sus necesidades básicas», pues alega que «de no contar con benevolente y graciable ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia». En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado del exconsejero, Alfonso Martínez del Hoyo, pide a la juez Mercedes Alaya que fije dicha pensión de alimentos con cargo a la indemnización de 37.935 euros que le correspondió por su despido de la empresa González Byass y que le fue embargada por la magistrada.
El letrado señala que, tras su ingreso en prisión, Antonio Fernández «fue objeto de despido y perdió su puesto de trabajo» como presidente del Consejo Regulador del Vino de Jerez, «habiendo sufrido desde entonces y a partir del momento en que, tras más de tres meses de privación de ella, recuperó la libertad, una situación de completo rechazo social». De este modo, se le «han cerrado todas las puertas» y sus intentos de encontrar trabajo han resultado «inútiles», a lo que se suma el «agotamiento a día de hoy de toda clase de prestaciones, incluida la ayuda familiar», por todo lo cual el exconsejero «carece en este momento de medios económicos con los que atender a sus necesidades más básicas», según reza el escrito.
Así, y según su abogado, al exconsejero «le resulta imposible hallar cualquier tipo de actividad remunerada y carece pues de ingresos por rentas de trabajo, o de cualquier especie, todos sus bienes y cuentas se encuentran embargadas y no percibe prestación pública o ayuda alguna periódica que le permita no ya hacer frente a sus obligaciones económicas, sino a la mera subsistencia».
Para ello, el abogado acompaña su petición de la certificación emitida por el director provincial en Cádiz del Servicio Público de Empleo Estatal según la cual Antonio Fernández «no figura como beneficiario de una prestación o subsidio por desempleo». «Es por ello que nuestro representado se ve en inimaginable posición -si se considera su condición de exconsejero y la realidad de decenios de dedicación al servicio público, con más el posterior desempeño de un cargo electivo y de alta remuneración como presidente del indicado Consejo Regulador- de completa insolvencia e imposibilitado de atender cualquier clase de pagos, a tal extremo que de no contar con ayuda de ciertos próximos se vería abocado a la pura indigencia», alega.
