El Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) ha presentado un escrito para que sea aclarado «lo sucedido el 19 de diciembre con motivo de la visita a la Delegación de la Junta en Cádiz de la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz», ya que sostiene que «desde la Secretaría General de Justicia parece que se intentó evitar que funcionarios de la Delegación del Gobierno pudieran mostrar carteles en contra de los recortes que los funcionarios públicos sufren desde hace años».
En una nota de prensa, el SAF indica que se le ha informado de que «durante la visita de Díaz se mantuvo por parte de responsables de ese centro de trabajo una conducta contraria a la libertad de expresión de los funcionarios de la Junta de Andalucía, derecho reconocido en el Estatuto Básico del Empleado Público dentro de los límites del ordenamiento jurídico».
Para evitar que se mostraran carteles contra los recortes, señala SAF, «pudieron existir acusaciones a determinadas personas como instigadoras de unos hechos que ni siquiera llegaron a producirse y así evitar que se produjese cualquier tipo de protesta».
Por todo ello, SAF ha exigido por escrito «que se aclare lo sucedido y, si se han incurrido faltas graves como actos limitativos de la libertad de expresión o abuso de autoridad en el ejercicio del cargo, se exijan las correspondientes responsabilidades».
AF condena «cualquier actitud antidemocrática o intento de coacción del ejercicio de un derecho fundamental, el de libertad de expresión por parte de quienes ocupan puestos de responsabilidad».
