La empresa que vino a devolverle la vida a las antiguas instalaciones de Visteon muere lentamente acosada por los impagos. El último ha llegado por parte de la Agencia Tributaria que ha precintado la puerta del patio de acceso a las naves de Plasticur. La medida se llevó a cabo hace ya varios días y aún se mantiene, lo que le echa más leña al fuego en medio de la difícil situación que vive la compañía. Hace un mes que Endesa cortó la luz de la fábrica y tampoco se cumple con el pago a los trabajadores que sufren retrasos en sus nóminas casi desde principios de año.
La firma, que pertenece al grupo del empresario gallego Ramón Hermo, no ha planteado ningún tipo de actividad desde que desembarcara hace ya más de un año cuando llegó a proyectar desde una división de reciclaje a la fabricación de componentes en fibra de carbono que aspiraba a hacerse con encargos del sector aeronáutico. Pero ni lo uno ni lo otro ha cuajado, tampoco las inversiones de capital extranjero que se esperaban.
Precisamente, esa nueva actividad industrial y el mantenimiento de los puestos de trabajo fueron las condiciones que impuso el Ayuntamiento de El Puerto para la venta de las instalaciones de la antigua Visteon. El Consistorio ya ha convocado al empresario a varios encuentros para analizar la situación y le ha solicitado un informe sobre el estado actual de Plasticur que Hermo aún no ha entregado. Fuentes municipales explicaron que a día de hoy se sigue avanzando en el asunto y no descartan iniciar el proceso sancionador si no se cumple con lo firmado.
Compromiso
Los planes eran crear hasta 40 empleos fijos durante el primer año de producción, pero apenas se ha alcanzado la treintena y no todos se encuentran en la planta. Las fuentes sindicales aseguraron que «algunos trabajadores han sido trasladados a otras empresas con actividad como la conservera Maratlantis o Merkum», también propiedad de este grupo con sede en el polígono Las Salinas. A día de hoy la plantilla ha ido mermando, con la no renovación de los contratos temporales y la marcha de varios de ellos. Los empleados tienen pendientes entre tres y cuatro nóminas y otros las liquidaciones, que están reclamando por la vía legal.
Desde que expiró el plazo para cumplir con el compromiso de empleo y actividad el pasado 6 de junio los agentes sociales presentes en la comisión de seguimiento de Visteon han venido pidiendo explicaciones sobre este asunto y exigiendo que se inicie el proceso sancionador. Si el grupo no justifica el compromiso de empleo podría salirle caro, teniendo que pagar hasta 10.000 euros por cada puesto de trabajo no creado en este tiempo.
