La situación de Suvipuerto es complicada. Recientemente, la propia presidenta de la empresa municipal que gestiona las viviendas, Mariola Tocino, explicó en una convocatoria la gravedad del asunto y las distintas posibilidades que se podrían estudiar.
El colectivo que más está sufriendo por esta situación de incertidumbre es el de los trabajadores de la propia sociedad, 14 en total, que mediante un comunicado han reafirmado su compromiso con la empresa para solventar el problema. «Estamos dispuestos a analizar cuantas medidas se nos planteen en aras de garantizar la estabilidad y continuidad en nuestros puestos de trabajo», señalan.
La plantilla ha expresado que son conscientes de la difícil situación por la que atraviesa la empresa desde hace meses, por ese motivo detallan que el pasado mes de febrero se mostraron dispuestos a realizar un esfuerzo de reducción salarial con la condición de que se garantizara la estabilidad del empleo, «desde mayo las circunstancias empeoraron considerablemente y hasta la fecha ningún responsable de esta sociedad ni del Ayuntamiento nos ha dado garantías de mantenimiento del empleo». Con respecto a esto, la presidenta, durante el balance que realizó de Suvipuerto, no se atrevió a aventurar lo que sucederá en un futuro con los empleados.
Actualmente, a los trabajadores se les adeuda parcialmente la nómina de septiembre y la de octubre, en su totalidad. Asimismo, denuncian que llevan meses trabajando sin cobrar puntualmente, «no hay previsiones concretas de cuándo se procederá por parte de la sociedad a abonar los atrasos pendientes». Un aspecto al que Tocino también hizo referencia una semana antes, «se ha dado orden en tesorería de que se pague cuanto antes».
Por último, los trabajadores vuelven a reafirmarse en su postura a la espera de los informes que está realizando la consultoría externa para poder estudiar un plan de viabilidad que salve a la empresa municipal de Viviendas.
Cabe recordar que antes del día 1 de enero Suvipuerto deberá demostrar que sus cuentas se encuentran en positivo debido a la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, que obliga a la independencia económica de este tipo de sociedades.
