La jueza de Sevilla Mercedes Alaya ha acordado librar oficio al director general de la Policía, Ignacio Cosidó, para que este Cuerpo cese «de inmediato» su investigación en torno a las irregularidades en los cursos de formación y entregue en el Juzgado todas las actuaciones practicadas en torno a este asunto, todo ello a fin de que sea en exclusiva la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil la que indague.
En un auto, la magistrada toma esta decisión después de que la UCO de la Guardia Civil le haya comunicado que la Policía «sigue actuando» en diferentes lugares de Andalucía «tomando testimonio en lo relativo a lo que es objeto de las presentes actuaciones, expresando gran inquietud por el éxito de la investigación al invadirse la misma».
La instructora ordena lo anterior a la Policía «para evitar actuaciones» como la ocurrida el pasado mes de agosto sobre «la concentración de empresas» del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, detenido en Sanlúcar e imputado en esta causa, «sobre las que actuó la Policía parcialmente, cuando el tema era objeto de investigación por parte de este Juzgado».
Todo ello provocó, según la jueza, «consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación y de actuación inadecuada difícilmente recuperable», todo lo cual «pone en peligro serio la presente investigación y su éxito, además de invadir ilegítimamente parcelas de investigación que le son ajenas».
La jueza recuerda que, en este caso, se investigan presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, entre otros, en materia de formación contra determinados cargos de la Junta y entidades beneficiarias, «ya sea por ausencia flagrante de procedimiento, control en la gestión o justificación, o por concentración de acciones formativas en manos de las mismas personas física o jurídicas».
Este conflicto de competencia fue lo que motivó la reticencias de la Fiscalía de Cádiz y del juez de Instrucción nº2 cuando llegó el atestado de la UDEF que concluía con la petición de detención de Ojeda en Sanlúcar. Finalmente se autorizó el arresto y los registros, pero semanas después, el magistrado Miguel Ángel López Marchena, se inhibía en su compañera de Sevilla.
El atestado que presentó la UDEF y que sirvió de base para la detención del exconsejero por un supuesto fraude en subvenciones obtenidas para cursos de formación señalaba una serie de empresas que ya estaban siendo investigadas por la jueza Mercedes Alaya en unas diligencias (966/14) en las que también consta como imputado otro exconsejero de la Junta de Andalucía y también nacido en Jerez, Antonio Fernández.
La Policía Nacional se basaba en una denuncia que había presentado un profesor en la Comisaría de Cádiz para intervenir y abrir diligencias contra el exconsejero. Este trabajador habría sido testigo de numerosas irregularidades en unos cursos de formación que debieron impartirse en Chiclana; unas acciones formativas subvencionadas por la Junta y que estaban organizadas por Humanitas, una de las asociaciones creadas por Ángel Ojeda.
Esta denuncia del formador también permitió a la UDEF adelantarse a la Guardia Civil y detener al exconsejero, que ya estaba siendo investigado por la UCO (Unidad Central Operativa a quien le tiene encomendada las averiguaciones la jueza Alaya).
Precisamente la magistrada citaba a esa empresa, Humanitas, en un auto fechado el pasado 16 de julio y previo a la detención del antiguo responsable político. Alaya afirmaba que esa era una de las sociedades que presentaban irregularidades en la concesión de ayudas.
