Sin culpables. Así se puso punto y final el 13 de noviembre al juicio por la mayor tragedia medioambiental de la historia de España. Ocho meses, 400 horas de juicio y 204 declaraciones después, la Audiencia Provincial de A Coruña determinó que ninguno de los tres acusados debía responder penalmente por el hundimiento del 'Prestige'.
Los imputados eran tres. Apostolos Mangouras, capitán del barco, Nikolaos Argyropoulos, jefe de máquinas, y José Luis López Sors, director de la Marina Mercante en el momento del siniestro y único cargo público imputado por el juez. Dado que ninguno de los tres iría a la cárcel debido a su avanzada edad, la expectación del juicio se centraba en quién debía responder por la multimillonaria cifra de 4.328 millones de euros que solicitaba la Fiscalía en concepto de indemnización por los daños ocasionados por el barco.
Sin embargo, la absolución de los tres acusados dejó también sin responsables económicos los gastos provocados por el derrame por las costas de España. Portugal y Francia de las 67.000 toneladas de crudo con las que navegaba el viejo petrolero. La indemnización establecida por la Audiencia se limitó a una sanción de 22 millones de euros, una suma fijada por el Convenio Internacional de Responsabilidad Civil por vertido de hidrocarburos de 1992 y que recayó sobre la aseguradora del barco, ya que el capitán del 'Prestige' sí fue condenado por desobediencia a la autoridad por haberse negado a alejar el barco de la costa durante más de seis horas.
Actualmente, cuando se acaba de cumplir el undécimo aniversario del hundimiento del petrolero, son varios los organismos que han anunciado su intención de recurrir la sentencia. El primero en anunciarlo fue el propio Estado español, que apenas una semana después de conocer el fallo de la Audiencia hizo pública su intención de presentar un recurso que, en palabras del ministro de Justicia, Alberto Ruíz Gallardón, "permita recuperar parte del multimillonario gasto ocasionado por la limpieza de la costa". Días después, tanto la Xunta de Galicia como el Estado de Francia, que también resultó dañado por la marea negra, hicieron público su interés por emular al Gobierno español y presentar sus propios recursos.
Por su parte, la Plataforma Nunca Máis, uno de los principales movimientos ciudadanos surgidos a raíz del hundimiento, pretende ir un paso más allá y busca financiación para llevar la sentencia del 'Prestige' ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
