El Partido Popular, que desde las elecciones de 2011 es amo y señor del Parlamento con sus amplísimas mayorías en Congreso y Senado, logró en 2013 extender su influencia y control a los dos grandes órganos políticos de la Justicia española, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Tribunal Constitucional.
El primer asalto se produjo en junio pasado, cuando se renovó a los cuatro magistrados del Constitucional que corresponde designar a Gobierno y Poder Judicial, que ya habían agotado su mandato de nueve años. Mariano Rajoy, que no tenía que acordar con nadie los dos vocales que elige el Ejecutivo y que pactó con los socialistas -uno y uno- los otros dos que nombra el CGPJ, envió a la corte tres magistrados conservadores y uno progresista, justo la proporción contraria a los que salían.
El resultado fue que, por primera vez en nueve años, el Constitucional pasó a tener una mayoría conservadora -de siete a cinco- y el Gobierno la satisfacción de ver como su candidato, el catedrático Francisco Pérez de los Cobos, hasta 2011 afiliado y al día del pago de cuotas en el PP, se convertía en el nuevo presidente del tribunal. Pase lo que pase en las generales de 2015, esta mayoría en la corte afín a los populares se mantendrá al menos hasta principios de 2017, cuando se producirá la renovación del próximo tercio de magistrados si es que se cumplen los plazos legales.
El segundo capítulo se completó entre finales de noviembre y los primeros días de diciembre. Tras dos meses de negociaciones secretas, PP y PSOE lograron pactar la renovación del Poder Judicial, acuerdo al que también terminaron por sumarse IU, PNV y CiU, que a cambio tuvieron opción a proponer un vocal cada una de las tres formaciones.
Los populares, para lograr la mayoría del CGPJ, diez de los veinte vocales, y poder nombrar al presidente por el que apostaba el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el juez del Supremo Carlos Lesmes, tuvieron que renunciar a su promesa electoral de que los doce representantes de la carrera judicial serían designados por los propios magistrados. Como desde 1985, lo hizo el Parlamento.
El PSOE, por su lado, tuvo que hacer un paréntesis en su ruptura de relaciones con el Ejecutivo para no correr el riesgo de quedarse fuera de esta institución clave durante años, ya que una reforma de ley aprobada por el PP permitía la renovación extraordinaria solo con los diez vocales a nombrar por el Senado, drástica medida que tenían en su mano los populares gracias al control de los tres quintos de la cámara alta.
El control de ambos órganos tiene una gran trascendencia política. En el caso del Poder Judicial, se trata de la institución que tiene que renovar a la mayor parte de la cúpula de los tribunales en el próximo lustro -magistrados del Supremo y presidentes de tribunales superiores, Audiencia Nacional y audiencias provinciales- y emitir informes sobre la legalidad de polémicos proyectos gubernamentales como la ley del aborto o la de Seguridad Ciudadana.
Por el lado del Constitucional, es la última instancia decisoria sobre la legalidad de las leyes del Ejecutivo y los conflictos de competencias con las comunidades autónomas, pero, además, en los próximos meses será la pieza con la que Rajoy pretende parar en seco cualquier intento de los soberanistas catalanes de realizar una consulta independentista mediante la vulneración de los principios y la legalidad de la Carta Magna.
