Se trata de un conflicto que dura ya tres siglos y que, por razones confusas, siempre se recrudece con la llegada del verano. Este 2013 vivió el enésimo enfrentamiento estival entre España y Gibraltar. En esta ocasión el detonante fue el lanzamiento de bloques de hormigón a las aguas de la bahía de Algeciras por parte de las autoridades de la colonia británica.
Las explicaciones del ministro principal gibraltareño, Fabian Picardo, de que se trató de una medida destinada a proteger el medio ambiente no convencieron al Ejecutivo de Mariano Rajoy, que con el ministro de Asuntos Exteriores a la cabeza, Jose Manuel García-Margallo, dejó claro desde un primer momento que "la broma de Gibraltar se ha acabado". Lo cierto es que García-Margallo ha dado muestras de ser un 'halcón' en cuanto a la soberanía española del Peñón se refiere. Y no admite 'ofensas' como la ordenada por Picardo el pasado julio.
La respuesta española al lanzamiento de los bloques fue enérgica. Redoblar los controles policiales en la zona fronteriza con el fin de acabar con un negocio de contrabando de tabaco que arroja pingües beneficios ilegales a uno y otro lado de la verja. Y a más seguridad, más colas. Las esperas para salir y entrar en la colonia a lo largo de los últimos meses han llegando a prolongarse hasta seis horas.
Citaciones
La contraofensiva española estuvo acompañada por una batería de acusaciones al flexible régimen fiscal gibraltareños. Para Madrid, la colonia es un paraíso fiscal que se enriquece a costa de España, un extremo negado con vehemencia por el gabinete de Picardo, quien, por otra parte, tampoco ha ahorrado a lo largo de 2013 dardos dialécticos hacia España, a quien ha advertido de que antes se helará el infierno que recuperará la soberanía de Gibraltar. Londres tampoco se ha quedado callado y al embajador Federico Trillo ha sido citado por el 'Foreign Office' hasta en cuatro ocasiones para exigir explicaciones.
El enfrentamiento obligó a una intervención de la Unión Europea que envío un comité de expertos para decidir si los controles españoles se ajustan a la legalidad, un debate en el que finalmente se dio la razón a Madrid. El dictamen de la UE ha suavizado el conflicto durante los últimos días del año, aunque nadie duda de que se trata de un problema latente que no tardará en volver a estallar. Más aún cuando se aproxime el verano y es que la tradición manda.