El rediseño del sistema eléctrico -o al menos, parte de su funcionamiento- constituía uno de los pilares básicos de la agenda reformista del Gobierno. La reforma eléctrica era el medio para llegar a un objetivo supremo: poner fin a la deuda tarifaria, una bola de nieve que en la última década ha ido adquiriendo proporciones gigantescas gracias a que los gobiernos precedentes decidieron no cargar sobre el recibo de la luz todos los costes que soportaba el sistema. Como la factura acumulada, de casi 26.000 millones de euros, era visible incluso desde los despachos europeos de Bruselas, el Gobierno se aplicó en la búsqueda de una solución.
En los primeros meses de mandato, el Ejecutivo de Mariano Rajoy introdujo una serie de medidas -impuesto a la generación de todo tipo de energías, moratoria para la introducción de más renovables, etc…- que fueron allanando el camino para un cambio integral del sistema. El 12 de julio, el Gobierno aprobó el paquete legislativo que sentaba las bases para la reforma. "No va a gustar a nadie", advertía el ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, durante la gestación de toda la normativa. Y así fue.
La reforma pretendía acabar con el déficit de tarifa estructural del sistema -producido porque los ingresos vía recibo no son capaces de cubrir los costes regulados- y que el Gobierno calculaba en unos 4.500 millones de euros. El sacrificio iba a repartirse entre las empresas del sector, tanto eléctricas tradicionales como renovables (2.700 millones de euros), los Presupuestos Generales del Estado (900 millones), y los consumidores (otros 900).
Vía orden ministerial, el Gobierno subió los peajes de acceso eléctricos, lo que se tradujo en un incremento del recibo del 3,2% en agosto. De forma paralela, Industria introdujo modificaciones en el peso que el término fijo de potencia y el variable tienen en la parte regulada de recibo, una medida que penaliza a las segundas viviendas y las vacías, y que en última instancia desincentiva el ahorro energético.
Por su parte, las eléctricas tradicionales y el operador del sistema -Red Eléctrica- vieron cómo se les recortaba la retribución de sus actividades de transporte y distribución. La tercera gran pata de la reforma consistía en un nuevo marco retributivo para las energías del régimen especial -renovables y cogeneración-, basado en un incentivo a la inversión que, en teoría, debiera garantizar una rentabilidad razonable del 7,5%. Aunque los parámetros de retribución están pendientes de desarrollo reglamentario, las empresas -y miles de pequeños productores, fundamentalmente fotovoltaicos- prevén una disminución en sus ingresos que harán peligrar las cuantiosas inversiones que en su día realizaron. La nueva regulación del sector renovable también penalizaba el autoconsumo de electricidad mediante el llamado peaje de respaldo, punto sobre el que se mostraron especialmente críticos los organismos reguladores y supervisión (las ya extintas CNC, CNE). Tal es así, que recientemente Industria tuvo que elaborar un nuevo borrador de Real Decreto con el fin de obtener un dictamen positivo del nuevo macrorregulador, la CNMC.
No es el único revés que ha sufrido en estos meses la reforma eléctrica, calificada por el ministro Soria como uno de los más "endiablados" problemas a los que se ha tenido que enfrentar el Gobierno desde su llegada al poder, y que ha salido adelante con el único apoyo del Partido Popular. Durante su tramitación en el Senado, el Grupo Popular introdujo 'in extremis' una enmienda que retiraba los 900 millones comprometidos por el Estado para financiar la mitad de los costes de llevar la electricidad a las islas y a Ceuta y Melilla, además de inhabilitar el crédito extraordinario de 2.200 millones concedido por Hacienda para ayudar a enjugar los costes del sistema. Tampoco podrá contar Soria con los aproximadamente 500 millones ingresados a través de los nuevos impuestos de hidrocarburos en vigor desde este año, dado que su carácter medioambiental obliga a transferir una parte a las comunidades autónomas.
Así que el sistema se encuentra con un déficit estimado para este año de al menos 3.600 millones de euros, que tendrán que asumir las eléctricas. Éstas buscan, junto a los ministerios de Hacienda, Economía e Industria, un mecanismo de titulación de esa deuda alternativo al ya finiquitado FADE. El Gobierno espera que a partir del año que viene el contador del déficit quede a cero una vez las medidas incluidas en la reforma comiencen a dar sus frutos. Mientras, se expone a la presión de grandes eléctricas, molestas por el recorte a la retribución de sus actividades; a una avalancha de recursos judiciales por parte de las empresas de energía renovable, y al descontento de una ciudadanía que sigue soportando los precios de la luz más caros de toda Europa, con la excepción de Irlanda y Chipre.
