Si el 2012 pasó a la historia por ser el año en el que por primera vez un miembro de la Familia Real, Iñaki Urdangarin, fue imputado por un delito de corrupción, 2013 será recordado por ser el año en el que la infanta Cristina estuvo a punto de seguir los pasos de su marido haciendo el paseíllo en los juzgados de Palma. Una posibilidad que, desde luego, nadie descarta para el 2014.
Los últimos meses del 'caso Nóos', el sumario que desde noviembre de 2011 tanto deterioro está causando a la imagen de la Monarquía, han estado marcados por el éxito de la estrategia del exsocio de Urdangarin, Diego Torres, de aportar correos electrónicos para acorralar a Cristina de Borbón y a su entorno más inmediato. El punto álgido de aquella táctica tuvo lugar en enero cuando el juez José Castro finalmente imputó al secretario personal de las infantas, Carlos García Revenga.
Los interrogatorios de García Revenga y del abogado del Rey, José Manuel Romero, conde de Fontao, parecían la antesala de la citación de la duquesa de Palma. Y casi llegaron a serlo. En abril, el instructor, a la vista fundamentalmente de los correos de Torres que apuntaban a que la hija del Rey estaba al tanto de los turbios negocios de su marido, decidió imputar a la infanta. Pero la oposición de la Fiscalía y la propia Audiencia Provincial de Palma hicieron que el juez, momentáneamente, desistiera interrogar a la duquesa.
El hecho de que en mayo la Audiencia Provincial, cuando suspendió la comparecencia de Cristina de Borbón, dejara abierta la posibilidad a su imputación por fraude fiscal y blanqueo de capitales ha marcado desde entonces el rumbo de esta investigación. El magistrado Castro ha reclamado en estos meses infinidad de informes a Hacienda y la Policía para tratar de acusar de esos ilícitos a la infanta. Documentos que han revelado que ella tenía acceso a las cuentas de Aizoon donde se desvió supuestamente dinero público o importantes cantidades de origen desconocido; que recibía cada semana desde las arcas de esa empresa familiar pagos de entre 600 y 700 euros; que usó la tarjeta Visa de la inmobiliaria ficticia para pagar durante siete años gastos personales; que participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de la compañía; y que giró facturas contra la compañía como si fuera un proveedor externo.
Estos últimos papeles han hecho volver la instrucción judicial casi al punto de partida de principios de año. El pasado 9 de diciembre, el juez consultó a las partes sobre la posibilidad de volver a citar a la infanta, como paso previo a volver a llamarla a declarar… la respuesta sobre el futuro procesal de Cristina de Borbón probablemente se conozca en los primeros días de 2014.
