Consejo de Gobierno
La Junta de Andalucía se enfrenta a pleitos por sobrecostes en los Metros de Sevilla, Granada y Málaga de hasta 226 millones
La consejera de Fomento anuncia la implantación de una nueva técnica para «afinar» los proyectos constructivos y evitar nuevas desviaciones en los contratos
La Consejería de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía se enfrenta a un cúmulo de reclamaciones judiciales por sobrecostes e intereses de demora en las obras de los proyectos de metros que se elevan «a la astronómica cuantía de 226 millones de euros», según ha desvelado este martes la consejera del ramo, Marifrán Carazo (PP).
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la consejera ha presentado un informe en el que expone que va a aplicar una nueva herramienta informática en los proyectos de líneas de metro de Sevilla, Málaga y Granada que se van a licitar este año.
Esta metodología, denominada BIM, siglas de Building Information Modeling, persigue « afinar al máximo el proyecto constructivo para evitar en el desarrollo de la obra las modificaciones de los contratos y los proyectos y reducir esas desviaciones» y el retraso en la ejecución de los trabajos. La intención es que en dos años esta nueva técnica, que viene recogida en una directiva europea de hace cinco años, se implante no sólo para las grandes infraestructuras sino también para los «pequeños proyectos».
La consejera de Fomento ha detallado que la Junta de Andalucía ha tenido ya que hacer frente a 196 millones de euros por sentencias a favor de empresas constructoras adjudicatarias de proyectos de obra de transporte metropolitano durante la etapa de los gobiernos socialistas debido a los sobrecostes, costes indirectos, obras adicionales no recogidas en el contrato e intereses de demora.
La resolución más cuantiosa fue la condena de 175 millones de euros a las que ha tenido que hacer frente para indemnizar a las constructoras de la Línea 1 del Metro de Sevilla. Carazo ha insistido en que «antes de que termine el año» se licitaron los proyectos de nuevas líneas en Sevilla, Málaga y Granada .
A los 196 millones de euros abonados se suman nuevas reclamaciones que «se están tramitando hoy judicialmente» y que ascienden a 30 millones hasta completar los 226 millones a los que podría acabar haciendo frente si los tribunales dan la razón a las constructoras. Carazo ha desglosado las demandas por cada proyecto: 6 millones por el tranvía de la Bahía de Cádiz, por el que ya ha tenido que pagar 637.000 euros más; 13 millones por la construcción del metro de Granada que se inició en 2017; otros 10 millones por las obras en marcha del Metro de Málaga...
Carazo ha responsabilizado de los sobrecostes a los anteriores gobiernos y ha abogado por estar más «vigilantes» ante las constructoras poniéndose al frente de la dirección de las obras evitar esta desviación presupuetaria. El BIM, que se basa en el empleo de nuevas tecnologías CAD –diseño asistido por ordenador– para el diseño y modelización virtual digital 3D de la edificación u obra civil, «está suponiendo una revolución en la forma de hacer las cosas en el ámbito de la edificación, como ya pasa en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega o Países Bajos, países que tienen implantado este sistema», ha indicado la Consejería.
Con su incorporación a la Administración, se quiere diseñar y construir con mayores parámetros de eficiencia, sin desviaciones, sobrecostes ni incumplimientos de plazos. «La idea es controlar hasta el último ladrillo con esta nueva forma de trabajo que propicia la colaboración de forma temprana con todos los actores del proceso constructivo y que supone un ejercicio de transparencia para los profesionales del sector, garantizando la seguridad en la protección de los datos», indica en una nota de prensa.
El nuevo Gobierno de la Junta aseguró que hace cinco años que una directiva de la UE insta a los Estados miembros a considerar el uso de la tecnología para modernizar y mejorar los procesos de contratación pública, dando mayor importancia a la inversión a realizar a lo largo de todo el ciclo de vida de una obra o activo. El Ministerio de Fomento declaró en 2015 la intención de exigir su utilización en la obra pública a partir de 2018.
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