Los inspectores de Educación denuncian el acceso sin pruebas objetivas con la nueva ley Celaá

Debido a la eliminación, a través de enmienda en el actual trámite parlamentario para modificar la LOE, de exigir la superación de una prueba para el acceso al cuerpo de inspectores de educación, dejando en su lugar una mera valoración, «la selección de los inspectores e inspectoras no estará sujeta a criterios objetivos, garantizados por la constatación de los conocimientos y los méritos aportados, sino por otros de dudosa verificación, ya que permitirán nombramientos, sujetos a afinidades espurias , ambiguos o directamente arbitrarios».

Así lo señalan en una nota de prensa la Unión Sindical de Inspectores de Educación (USIE) en su calidad de interlocutor mayoritario del cuerpo. De esta manera se oponen a la reforma que está llevando a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez a través de su ministra Celaá El sindicato ha elevado un escrito pidiendo amparo a la presidenta del Parlamento de Andalucía, Marta Bosquet, para que traslade a todos los grupos parlamentarios representados «nuestro absoluto rechazo a la medida, para que desde el ámbito de sus competencias y cometidos eviten el despropósito que supondría la aprobación definitiva del precepto, por ser contrario a la independencia y el rigor que debe caracterizar a la Inspección educativa y, por tanto, a la garantía del derecho a la educación de los ciudadanos y ciudadanas de este país, en un régimen de independencia, con profesionalidad, autonomía y rigor técnico». «Más allá del agravio y desprecio que supone a la labor de un colectivo de mujeres y hombres que cada día trabaja por la defensa del desempeño de sus atribuciones en un régimen que se caracterice por los principios democráticos», continúa la misiva.

«El acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación debe realizarse con unos rigurosos criterios de objetividad, que permitan valorar el conocimiento, las aptitudes y los méritos de aquellos y aquellas que van a ejercer unos cometidos claves en nuestro ordenamiento educativo, que podrían subsumirse en los de garantizar el derecho a la educación. Para lo que la independencia, el rigor y la objetividad juegan un papel fundamental», argumentan desde el sindicato de inspectores de Educación.

«Entendemos que la Disposición de la enmienda citada, de llevarse a cabo, no garantizaría los criterios elementales para ejercer una función pública tan relevante en nuestro sistema educativo. Es más, consideramos que se pondría en grave riesgo la garantía de las funciones y atribuciones de la inspección educativa, emanadas de nuestra Constitución (artículo 27.8), para hacer valer el derecho básico a la Educación. De ratificarse, sería un grave paso atrás respecto al avance que supuso el acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación mediante concurso-oposición implantado por la denominada “Ley Pertierra” en 1995» , concluye el escrito firmado por Antonio Asegurado Garrido , presidente de USIE en Andalucía.