El padre Román reclama celeridad a la justicia

Más de dos meses van ya desde que la Audiencia de Granada acordara la apertura de juicio oral contra el padre Román Martínez por un supuesto delito de abuso sexual continuado con prevalimiento contra un chaval que iba a su parroquia cuando éste tenía entre 14 y 17 años. En el auto se instaba a la Fiscalía a formular su escrito de calificación provisional de los hechos, con petición de pena para el sacerdote, en el plazo de cinco días.

Aunque este plazo no es vinculante para el Ministerio Público , las partes no obvian el retraso del fiscal del caso hasta el punto de que la defensa del padre Román ha presentado una petición formal de «impulso procesal» . Se trata de evitar que el proceso se prolongue de forma indefinida en el tiempo pudiendo vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva.

Es una forma de que el procesado no corra el riesgo de indefensión. Ahora es el juez el que puede emitir, conforme a esta petición, la providencia oportuna para informar al fiscal del caso, Francisco Hernández, responsable además de delitos informáticos en Granada , así como al resto de partes cuyos procuradores, como ha sabido ABC de fuentes del caso, ya conocieron esta llamada de atención de la defensa al darse traslado de la misma por el sistema informático Lexnet el pasado miércoles.

Esta petición de «impulso procesal» es habitual cuando hay retrasos, sobre todo en causas complejas que hacen prácticamente imposible un estudio del expediente a fondo que permita formular la acusación provisional en el plazo de cinco días establecido. Si un fiscal ha de atender causas con presos, por ejemplo, les dará prioridad aunque suponga un retraso a otras.

Las partes, sin embargo, una vez que conozcan la petición del Ministerio Público habrán de atenerse a los plazos que les marque el juez, y formular sus calificaciones provisionales empezando por la acusación particular, que en el conocido como caso Romanones, defiende a la víctima, que hoy tiene 25 años y vive en Navarra, tras unos hechos que marcaron su adolescencia en Granada.

Más tarde la acusación popular, ejercida por la asociación Prodeni de protección de derechos de la infancia , y la defensa del padre Román, siendo informado también el Arzobispado de Granada como responsable civil subsidiario.

Según el auto de procesamiento del juzgado de Instrucción 4 de Granada , los hechos sucedieron supuestamente a finales de la década pasada cuando el sacerdote era párroco en la iglesia de San Juan María de Vianney, en el Zaidín . El joven se quedó en varias ocasiones tanto en la casa parroquial como en el chalet de la urbanización Los Pinillos , en el cinturón metropolitano de Granada, donde se reunía el grupo conocido como los Romanones del que Martínez era el supuesto líder. Diez de ellos, la mayoría religiosos, estuvieron imputados en este caso pero los hechos se consideraron prescritos.

Allí habrían tenido lugar los supuestos abusos sexuales que habrá de enjuiciar la Audiencia de Granada atendiendo a unos hechos que investiga en paralelo la Santa Sede.