La Junta de Andalucía denuncia a una cadena de cines de Cádiz por prohibir entrar con comida del exterior

La Unidad de Policía Adscrita de la Junta de Andalucía ha denunciado a una cadena cines de la provincia de Cádiz por prohibir la entrada de productos del exterior, algo a lo que la Delegación del Gobierno andaluz recuerda no pueden acogerse toda vez que no son establecimientos de hostelería o de ocio y esparcimiento, tras dos reclamaciones particulares, una contra unos multicines en Jerez y otra contra unos multicines en Algeciras .

En el caso de Algeciras, la denuncia ha partido de la madre de una menor diabética a la que se prohibió entrar en el cine con alimentación adaptada a las necesidades de la pequeña.

Según ha señalado la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, la normativa sobre derecho de admisión en establecimientos de espectáculos públicos y actividades recreativas se encuentra regulada en el Decreto autonómico 10/2003, de 28 de enero, recientemente modificado por decreto 211/2018, en concreto el artículo 7 apartado c) del reglamento de Admisión, y reseña como condición específica de admisión que los titulares de establecimientos de hostelería y ocio y esparcimiento pueden solicitar al Ayuntamiento respectivo la de impedir el acceso de personas que porten comidas y bebidas para ser consumidas en el interior de los mismos, «pero eso no ocurre con los cines , conforme a la clasificación del Decreto 155/2018 (Nomenclátor). El hecho de que en su interior tengan como servicio complementario la hostelería no cambia su consideración jurídica», ha indicado.

Por tanto, aclara que no se puede impedir la entrada en una sala de cine con bebida o comida del exterior , salvo que dicha sala haya sometido a los medios de intervención municipal, la condición específica de admisión de prohibido el consumo de bebidas y comidas en el interior, en cuyo caso dicha sala tampoco podría vender para ser consumido en el interior.

Por último, desde el Gobierno andaluz en la provincia, se informa que la infracción por vulnerar la normativa sobre derecho de admisión se encuentra tipificada como grave pudiendo llegar las sanciones hasta los 30.000 euros.