El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha considerado ajustado a derecho el «secuestro municipal» del servicio de autobuses urbanos ejecutado por el Gobierno local del PP de Jerez de la Frontera tras los acuerdos de las juntas municipales de los días 4 y 7 de mayo de 2012.
Según explica el Consistorio jerezano en una nota, ayer les fue notificada la sentencia que avala la citada decisión municipal y ratifica la decisión del juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de la ciudad emitida el pasado 26 de diciembre de 2013, la cual desestimó el recurso interpuesto por Urbanos Amarillos contra el Gobierno local.
El edil de Urbanismo y Movilidad, Agustín Muñoz (PP), señala que desde que el PP accedió a la Alcaldía tuvo «claro» que la «normalización» del servicio de autobuses urbanos era «una prioridad» y que, para ello, había que tomar «decisiones firmes encaminadas a la mejora y prestación con unos mínimos de calidad».
Entiende que «la decisión de la intervención municipal del servicio fue una medida valiente y acertada en un momento difícil» y en el que la situación de los autobuses urbanos estaba «lastrando la economía de la ciudad, principalmente haciendo mella en los comerciantes de la zona centro».
Subraya que esta medida ha sido «nuevamente avalada por los juzgados», ya que vino a «dar estabilidad a la prestación de un servicio que es básico para la ciudadanía y que estaba sumido en el caos por la incapacidad de la concesionaria de responder a sus obligaciones».
Según recoge la sentencia del TSJA, la medida se adoptó «por una situación de fuerza mayor». Además, refleja que «al menos durante cuatro meses la ciudad se vio privada del servicio de transporte urbano de viajeros, lo que imponía una actuación de la administración local destinada al cumplimiento de este servicio, no pudiendo considerarse que fuera desproporcionada».
La resolución judicial considera, ratificando la sentencia emitida por los juzgados de Jerez en diciembre pasado, que no hubo indefensión de la concesionaria en el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local para el «secuestro» del servicio, «ya que notificó a la empresa por conducto notarial el requerimiento para corregir o subsanar las deficiencias del servicio en 48 horas y el efectivo conocimiento que venía teniendo la empresa de la situación existente en la prestación del servicio».
El «secuestro municipal» del servicio, ejecutado el 7 de mayo de 2012, coincidiendo con la inauguración de la Feria del Caballo, «es una razón suficientemente justificativa de la urgencia en la adopción de la citada decisión y a fin de garantizar, de modo inmediato, su adecuada prestación durante unos días de afluencia y uso masivo de los transportes públicos por parte de la ciudadanía».
