La defensa del exalcalde Pedro Pacheco ha formalizado un recurso de súplica ante el mismo tribunal que debe decidir sobre el recurso de Sánchez en el que pide la suspensión de la ejecución de la condena para dar tiempo a su cliente a ingresar voluntariamente en prisión, ya que el pasado viernes fue detenido «de forma sorpresiva» y como si fuera «un huido de la justicia».
Por su parte, la Fiscalía ha presentado ante la Audiencia Provincial de Cádiz un recurso contra la sentencia del juzgado que condena a la exalcaldesa socialista de Jerez Pilar Sánchez por el 'caso desvío de fondos', solicitando que se eleve un año más la pena de 24 meses que le impuso el juzgado de lo Penal nº 3 de Jerez.
El tribunal que revisará este recurso es el mismo que hace menos de una semana ordenó a la Policía que detuviera al exalcalde Pedro Pacheco y fuera enviado a la cárcel. En el caso de la otrora rival del exlíder andalucista, los magistrados deberán decidir si admiten o no los planteamientos del fiscal. En caso de aceptarlos, conllevaría imponer una pena de entre dos años y medio y tres, que pondría a Sánchez a un paso de la cárcel.
El Ministerio Público insiste en la misma tesis que defendió durante la vista oral: Pilar Sánchez cometió un delito continuado de prevaricación en concurso con un fraude de subvenciones. Sin embargo, la jueza entendió que la actuación de la exregidora, al ordenar que se desviaran fondos de las ayudas estatales del Plan E para pagar la nómina municipal, fue un delito cometido en un único acto. Eso supuso la imposición de una pena de dos años. Una condena que le abre la puerta a Sánchez para solicitar la suspensión de la ejecución de la condena y eludir la prisión.
En el recurso, el fiscal explica que ese desvío de fondos no sólo afectó al Plan E sino también a un convenio suscrito con el Estado para la construcción de la Ciudad del Flamenco; lo que evidenciaría una conducta delictiva que se repitió más allá de un único escenario.
Además de los dos años de cárcel, Pilar Sánchez fue sentenciada a nueve de inhabilitación especial para cargo público y al pago de una multa de 8,6 millones de euros. Tras conocerse el fallo, solicitó la baja como militante del PSOE y dimitió como directora general del Instituto Andaluz de Cualificaciones Profesionales.
La sentencia que dicte la Audiencia será firme y puede abrir una senda jurisprudencial. Sánchez se defendió durante el juicio afirmando que iba a ser la primera política condenada por pagar las facturas corrientes. La jueza recogió en su sentencia que esa intención pudo tener un fuerte interés electoralista porque el problema de tesorería le estalló en vísperas de las elecciones de 2011.
Pero la exregidora de Jerez no es una excepción. La Justicia está persiguiendo otros casos de responsables municipales que hicieron uso de ayudas para otros fines distintos para lo que fueron concedidas. Así, en la provincia de Huelva hay varios alcaldes imputados por el mismo delito y hechos casi gemelos. Por citar un ejemplo, el exregidor de Valverde del Camino, Manuel Domínguez (PSOE), está siendo investigado por autorizar el desvío de una subvención que le había concedido la Junta al municipio a través del Plan Proteja para pagar parte de la deuda que había contraído el Ayuntamiento con la Seguridad Social. La ayuda aprobada de 300.000 euros tenía que haberse destinado para mejoras en un polígono industrial; sin embargo, sólo se empleó para ese fin poco más de 47.000 euros.
