Antoni Cañete preside la organización encargada de impulsar la lucha contra la morosidad, un «cáncer» que lleva años instalado en el organismo de la economía española, pero que no había sido detectado hasta ahora, cuando se halla en estado de «metástasis». ¿Por qué? «Pues porque antes los impagos no suponían un problema: si necesitabas financiación, ibas al banco y te la daba. Ahora ya no», ilustra.
–¿Cuál es su diagnóstico de la morosidad?
–Es uno de los elementos más importantes en la economía en cuanto a su comportamiento. Porque según cómo se actúe, el país, ya no sólo la empresa, será más o menos viable y competitivo. Imagina una pequeña empresa (o autónomo) francesa a la que le pagan a una media de 42 días, y otra española que cobra a 160. Ambas facturan 10 millones de euros, por ejemplo. La española necesitará 5 millones de financiación. Y la francesa, 1 millón. Eso significa que, tal y como está el sistema financiero, se presenta el problema de que tu empresa no encuentra financiación y es menos viable. De esos 5 millones, tienes que pagar lo que es el interés, el 6% o el 7%. Y ese dinero va directamente a la cuenta de resultados. ¿Por qué está afectando más la crisis a nuestro país? Entre otras cosas por esto. Si arreglamos este problema estaremos preparados para tener una economía mucho más sólida en el futuro.
–¿Por qué resulta tan difícil poner freno a este problema?
–Porque hay una situación de dominio del cliente sobre el proveedor, que es más pequeño, sobre todo si es autónomo. Esa relación hace que el cliente imponga plazos más largos de los que ya marca la ley (30 para las administraciones y 60 para la empresa privada). Así consigue tener mejor tesorería y resultados financieros. Y el autónomo necesita tener más nivel de financiación y por lo tanto, tiene peor resultado.
–¿A cuánto paga de media el sector público y el privado?
–Se está ajustando algo en el ámbito privado, a 94-95 días, y en el público, a 143. Hablamos de 2012 y primer trimestre de 2013.
–Pese a haber una directiva europea transpuesta, no hay un régimen sancionador. ¿Cómo está ese tema?
–Es nuestra gran lucha. Nuestro país paga mal porque hicimos una transposición de una directiva mal, tarde, y además introdujimos el concepto de pacto de las partes. Antes, cuando a ti te pagaban tarde, ibas a una entidad financiera y te daba el dinero, y a bajo interés. Por eso la gente no le daba importancia a que se fueran retrasando los pagos. Pero cuando llega la crisis y el banco no te da dinero, empezaron los problemas. Una de cada tres empresas que se ha cerrado en esta crisis ha sido directa o indirectamente por culpa de la morosidad. En el caso de los autónomos, más del 40%. La morosidad era un cáncer de nuestra economía que no habíamos detectado. Con la crisis, se hace metástasis.
–¿Pero, ¿cómo está el procedimiento para el régimen sancionador?
–Hay una proposición de ley de CiU. Celebramos este trámite y pedimos a los partidos políticos que lo aprueben. Somos un país en el que podemos conducir a 120, pero si nos dicen que no hay radar, nos vamos a 180. También pedimos que, ya que las administraciones están empezando a pagar a través de los planes de pago a los proveedores, muchas empresas se benefician de ello, pero luego no abonan lo que deben a sus proveedores. También el sector privado tiene que pagar.
–¿Y creen que van a responder los políticos?
–Eso esperamos, porque en la cumbre que celebramos el 7 de noviembre en Bruselas, se adquirió el compromiso por parte de los portavoces de todos los partidos políticos de ayudar a dar validez al régimen sancionador. Si hay algún partido que no lo apoya, queremos que se sepa. CiU se comprometió a presentarlo, y lo ha hecho. Seguiremos el trámite parlamentario, porque a veces en el Congreso entra un caballo y sale un camello. No puede haber fisuras en este tema. Si no cambiamos la cultura del pago a través del marco legislativo e impositivo, seremos un país de picaresca y en el que el moroso es el simpático.
–Ahora mismo la morosidad es mayor en las administraciones, lo que no deja de ser más sangrante...
–Pero mejoramos a ritmo importante. Esperemos que en nuestra última encuesta se refleje. Sobre todo porque el ministro (Cristóbal Montoro) se ha comprometido a dos cosas: una es que aquella administración que no pague una factura a 30 días, el proveedor podrá llevarla a Hacienda, que la pagará. Y el ministerio descontará esa factura a la administración pertinente.
–Pero, ¿es algo que ya se puede hacer?
–A partir de marzo. Además, desde el próximo 1 de enero, todas las facturas en la administración tendrán un registro único, y será electrónica. Con lo cual, no podrá haber engaños. Es verdad que estamos en un momento en el que la crisis dificulta cumplir con ciertos compromisos. Pero también le decimos a la administración que una cosa es el moroso, que tiene una dificultad, y otra es el ‘morroso’, que es el que le echa mucho morro a la cosa
