ANDALUCÍA
La presidenta toma esta contundente decisión tras desobedecer el departamento de Elena Cortés su orden de que no fueran alojadas en pisos de la Junta diez familias okupas
Susana Díaz y Diego Valderas, ayer tarde después de trascender la polémica en el seno del Gobierno andaluz. :: Efe
La presidenta de la Junta, Susana Díaz, ordenó anoche un decreto por el que hoy retirará provisionalmente a la Consejería de Fomento y Vivienda, gobernada por Izquierda Unida, las competencias relativas a la adjudicación de viviendas del parque público de la administración autonómica, según confirmaron a este periódico fuentes del Gobierno andaluz. La decisión deja al descubierto una crisis sin precedentes en la coalición de Gobierno de la Junta justo al cumplirse dos años del pacto.
Díaz decidió esta contundente medida tras desobedecer el departamento que dirige Elena Cortés su orden de que no fueran alojadas en pisos de la Junta diez familias okupas de Sevilla que habían sido desalojadas por orden judicial. Fomento empezó a entregar las llaves a las familias a partir de las 21.30 horas y una hora después Díaz ordenaba el decreto para retirarle las competencias.
Lo que empezó por una discrepancia como otras entre los socios de gobierno acabó en una disputa de consecuencias impredecibles. La posibilidad de que la crisis de gobierno derive en una ruptura del pacto y provoque un adelanto electoral fue descartada por el momento por ambas partes. «Esperaremos a conocer el decreto», dijo a este periódico anoche el portavoz de IU, José Antonio Castro, quien minimizó la gravedad de la crisis.
La polémica ha surgido estando de viaje en Colombia la consejera de Fomento, Elena Cortés, y tuvo su raíz el pasado domingo, cuando fueron desalojados por la Policía en Sevilla los vecinos de 22 viviendas de un bloque de pisos conocido como la Corrala de la Utopía, perteneciente a Ibercaja, que ocupaban desde mayo de 2012. El desalojo cogió por sorpresa a todos. Desde hace tiempo la Consejería de Fomento, muy implicada con los vecinos, intentaba una solución e incluso estaba a punto de firmar un acuerdo con la entidad bancaria.
El viceconsejero de Fomento, José Antonio García Cebrián, anunció una solución inmediata tras fracasar los intentos de un acuerdo con el Ayuntamiento de Sevilla: diez familias serían alojadas en pisos vacíos de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación(AVRA) de la Junta y el resto en viviendas privadas que Fomento subvencionaría.
Desde Presidencia se advirtió de que esta solución no era posible porque contraviene la legalidad sobre adjudicación de viviendas públicas y se dio orden de que no se ejecutara. El día antes Susana Díaz se comprometió por escrito con el alcalde de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, a que cualquier solución estaría dentro de la legalidad. Zoido criticó la opción de IU. «Una patada a la puerta no se puede utilizar como un antecedente para que se le asigne vivienda a alguien cuando hay otros que tienen el mismo o más derecho», dijo. Díaz y Zoido, que se entrevistan hoy en San Telmo, tenían previsto anunciar un acuerdo.
Transitoria
Parecida opinión parece tener el PSOE. «La fórmula de IU no es la adecuada. Existe un procedimiento reglado, hay centenares de familias con el mismo riesgo que estas personas y tienen sus derechos», dijo el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez, en los pasillos del Parlamento. Vázquez intentó explicar que no se puede saltar la lista de espera de familias también con riesgo de exclusión. Dijo con claridad que la Junta no iba a consentir el realojo y apuntó la posibilidad de una solución transitoria en otros alojamientos para las familias con niños..
En los mismos pasillos del Parlamento el portavoz de IU, José Antonio Castro, defendía que la medida de Fomento está sujeta a ley. Argumentó que hay un mandato del juez que ordenó el desalojo para que se provea de inmediato «una salida en caso de que haya personas en riesgo de exclusión». Fomento además cuenta con informes de los servicios sociales comunitarios del Ayuntamiento sevillano sobre la situación extrema de las familias. Castro subrayó que se trata de una medida «excepcional» y «transitoria».
Ley de transexuales
La guerra interna entre PSOE e IU ha estallado el día en que el Parlamento andaluz debatía la toma en consideración de la primera ley llevada de la mano por ambos grupos parlamentarios, la del proyecto de ley integral para la no discriminación por motivos de género y el reconocimiento de los derechos de las personas transexuales. Todos los partidos, incluido el PP, respaldaron este primer paso de una norma que entre otras medidas recoge que las personas transexuales cuenten en Andalucía con documentación administrativa para facilitar su integración.
