En pleno estado de sitio declarado por la corrupción política, en la periférica provincia de Cádiz, unas diligencias judiciales cada vez empañan más el discurso de la presidenta de la Junta, Susana Díaz, sobre la tolerancia cero con las corruptelas.
El caso Bahía Competitiva lleva desde 2011 indagando en la cara B de un plan definido en su día (no hace tanto de aquello) como el gran programa incentivador para impulsar, de una vez por todas, la débil economía local.
Más de 1.500 millones de inversión anunciados para reconvertir el tejido industrial y adaptarlo a los sectores de futuro que se apoyan en el I+D+i. Y un mantra para invocar a votantes: la promesa de crear 3.000 puestos de trabajo en el epicentro del desempleo europeo.
En octubre de 2014, siete años después de las ruedas de prensa cargadas de promesas incumplidas, varios altos cargos públicos están imputados, un expresidente de la Diputación, un delegado provincial y un exconsejero ya han tenido que prestar declaración como testigos.
Y en las próximas semanas se espera que otros dos antiguos miembros del equipo de Gobierno del expresidente Griñán sean citados por la magistrada Lourdes del Río tras solicitarlo la Fiscalía Anticorrupción.
Agujero de 21 millones
La Justicia investiga el agujero negro por el que se colaron 21 millones de euros de ayudas para anclar en la Bahía proyectos empresariales de futuro, pero que acabaron presuntamente en paraísos fiscales. El caso, que arrastra a cerca de 40 imputados, atraviesa en estos momentos por la parte más política y que compromete más a la Junta de Andalucía.
La Fiscalía Anticorrupción ya ha expresado a la jueza su deseo de interrogar a los tres consejeros de Innovación que llevaron esa cartera durante el tiempo que permaneció vigente el plan.
Ya lo hizo hace unos días en calidad de testigo Francisco Vallejo, quien puso en marcha Bahía Competitiva con la firma del convenio para el funcionamiento interno de la oficina de captación de inversiones.
Los tres exconsejeros están también imputados por la jueza Alaya
El Ministerio Público quiere que los siguientes sean su sucesores en el cargo: Martín Soler y Antonio Ávila. Los tres últimos responsables de las políticas laborales en Andalucía, antes de aterrizar Sánchez Maldonado, están imputados en la causa de los ERE que instruye la jueza Alaya.
El desfile de cargos públicos por el despacho de la jueza está coincidiendo con el peor momento posible, cuando el hartazgo social hacia la corrupción política es absoluto y cuando los votantes exigen conductas intachables a los responsables públicos.
Un callo y el arma
Bahía Competitiva se ha convertido en un callo para el PSOE y en la mejor arma arrojadiza para el PP, que la emplea como respuesta automática cuando desde la otra bancada sacan a colación los escándalos que salpican a los populares.
Hasta la fecha no hay una causa judicial que se instruya en la provincia que concentre a un ramillete más nutrido de imputados y testigos relacionados con la Administración regional y la Diputación, cuando esta última era gobernada por el PSOE.
A las previsibles comparecencias de los dos exconsejeros y a la que ya ha protagonizado Vallejo; hay que recordar que la última delegada territorial de esa misma consejería, Angelines Ortiz , se encuentra imputada.
Su primera declaración como testigo ante la magistrada la empujó a esa situación. Negó estar al tanto del proceso de concesión de ayudas, pero otros imputados la desmintieron y aportaron pruebas de cómo daba instrucciones a los técnicos.
El caso se ha convertido en un dolor de cabeza para la Junta
En la misma situación jurídica, bajo sospecha, está la gerente provincial de la Agencia IDEA, Rosa Mellado. Esta empresa pública fue la representante de la Junta en la comisión evaluadora que seleccionaba los proyectos que iban a recibir dinero público.
En esa misma mesa, también estaba sentado una técnico que representaba a Bahía Competitiva; una oficina creada por la Junta en 2007 y al frente de la cual pusieron a Antonio Perales, muy bien relacionado por la dirección del partido. Tanto él como su mano derecha en esa comisión están imputados.
Perales ha defendido siempre que fue engañado por uno de los empresarios artífices del fraude. Sin embargo, fue uno de los primeros en ser imputados por su especial interés en favorecer en el reparto de ayudas a ese mismo empresario, Manuel Alejandro Dávila Ouviña.
Renegar de la iniciativa
La Junta ha decidido marcar distancias con un plan que anunció hace siete años como su gran compromiso con la Bahía de Cádiz para paliar los efectos del tsunami Delphi.
La gerente provincial de IDEA ya ha declarado en varias ocasiones que fue ella, en nombre de la agencia, la que alertó de las primeras irregularidades. Un papel de denunciante que no ha impedido que el escándalo le arrastre.
Francisco Vallejo, quien prometiera más de 2.000 puestos de trabajo, años después aseguró a la jueza que no estaba al tanto del funcionamiento de la gran iniciativa contra el desempleo que vendió el Gobierno andaluz en este punto de la provincia.
Para completar una distancia suficiente, el expresidente de la Diputación, Francisco González Cabaña, señaló a Industria y cuestionó que tuviera una actitud negligente cuando declaró como testigo. Los fondos los repartía el Gobierno central, pero según afirmaron antiguos responsables del Ministerio, lo hicieron siguiendo el criterio de los técnicos de Diputación.
Siete años después, nadie ha asumido la responsabilidad por omisión o comisión de ese agujero negro. Los 21 millones de euros tampoco han sido devueltos. Tan sólo los embargos que han bloqueado los bienes de los empresarios imputados garantiza que al final del procedimiento, y sólo en caso de condena, el daño económico podría resarcirse.
