El Pleno del Ayuntamiento de Cádiz ha aprobado instar a la Junta de Andalucía a aclarar la situación de la Ley de la Dependencia. Esta petición se deriva de la falta de recursos con que la Administración local se ha encontrado en los últimos años para desarrollar los programas correspondientes.
Según ha dicho la concejala de Servicios Sociales, Carmen Sánchez, solo en la ciudad de Cádiz hay 336 personas dependientes que no reciben ningún tipo de recurso desde el año 2012, cuando se paralizó en Andalucía la aplicación de la ley.
Desde el equipo de Gobierno se afirma que hay 95 expedientes pendientes de valoración por parte de la Delegación de Salud y Bienestar Social de la Junta en Cádiz. Igualmente, hay 120 dependientes que han visto cómo su situación empeora y que necesitan de una revisión y una nueva valoración del grado de dependencia. Asimismo, existen 25 expedientes urgentes que no han podido ser atendidos, entre otros datos.
Desde el Gobierno local se afirma que también se está jugando con las empresas privadas a las que se les adeuda importantes cantidades para la prestación de los servicios asistenciales. «Por ejemplo, a Afanas se le deben 700.000 euros. Y encima ha tenido que hacer un ERTE porque no se están reponiedo las bajas que se van produciendo y no hay carga de trabajo para todo el personal».
El Ayuntamiento de Cádiz reclama a la Junta tanto la dotación económica necesaria para el desarrollo de la ley como el personal laboral necesario pa ello. Han recordado que hace ya un año y medio que se dejó de pagar por el personal administrativo adscrito al programa de Dependencia en Cádiz, siendo el Ayuntamiento el que ha asumido sus contratos.
En este sentido, y en respuesta a las quejas de la oposición por que se reclame personal cuando en junio cesaron los contratos de 24 trabajadores de Asuntos Sociales, la alcaldesa ha dicho que «en este Ayuntamiento hay muchos trabajadores sociales que son funcionarios y actúan en todos los programas, no solo trabajan los del Plan Concertado».
