Después de muchos meses de reuniones, casi todas a nivel técnico, algunas a nivel político, hay un principio de acuerdo entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Cádiz para decidir los usos futuros de varios edificios y solares de la ciudad, todos de titularidad autonómica, que en estos momentos no tienen contenido.
Es sin duda una gran noticia para una localidad donde los espacios de oportunidad y desarrollo brillan por su ausencia. El propio delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, aseguraba ayer que el acuerdo se firmará «en breve» y considera que será «positivo para todos». Queda algún fleco suelo, en concreto relacionado con la actuación en el Chalet de San Luis, pero, incluso si no se llega a un último acuerdo en este sentido, todo está ya preparado para que el convenio se pueda firmar en el próximo mes de noviembre. Antes, el Ayuntamiento tiene que confirmar su conformidad con el borrador existente y entonces el documento pasará por la Comisión de Patrimonio de la Junta antes de ser rubricado por ambas partes.
En el acuerdo se establecen las líneas de actuación para diversos espacios. Muchos requerirán modificaciones en el Plan General de Ordenación Urbana, otros permutas y concesiones por ambas partes, pero parece que se han solventado los principales obstáculos.
Tiempo Libre
El futuro de la antigua Residencia de Tiempo Libre ha hecho correr ríos de tintas desde que las instalaciones fueran cerradas en el año 2007. Ya el Ayuntamiento accedió en su día a cambiar la calificación del suelo de este antiguo complejo turístico por petición de la Junta de Andalucía, que en un principio planteó compatibilizar el uso hotelero con el administrativo. Pues bien, según lo acordado por los técnicos, el Ayuntamiento accederá a realizar una nueva modificación.
Así, la actuación se realizará sin dividir la parcela y sin superar la edificabilidad que tiene el edificio existente a demoler, que es de 20.000 metros cuadrados. Asimismo, se prevé la cesión de 1.394 metros cuadrados para espacios libres, con la finalidad de liberar superficie de suelo en planta baja hacia el Paseo Marítimo. Además de esto, se plantea la opción de reservar un máximo del 25% de la edificabilidad para usos comerciales.
Chalet de San Luis
Este ha sido uno de los puntos ‘calientes’ de la negociación. El Ayuntamiento contempla en el PGOU la construcción en esta parcela, que en su día formó parte del pago de la deuda histórica del Estado a la Junta y que ahora está ocupada por un aparcamiento, de un edificio con 44 VPO y un espacio reservado para equipamiento. El proyecto de la Junta en este caso suprime las viviendas, contemplando únicamente la construcción de un edificio destinado a equipamientos en su totalidad y manteniendo la edificabilidad contemplada en el Plan General.
El escollo en este sentido, que aún se debe negociar, pasa por la apertura de una calle lateral que una la avenida con el Paseo Marítimo y que conllevaría la expropiación de la actual calle particular, algo que la Junta no tiene intención de hacer, en principio.
Triángulo entre Loreto y Puntales
El otro solar de la deuda histórica. En esta zona el Ayuntamiento proyecta la construcción de 80 VPO. El acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía mantiene esta intención, pero además, la Administración autonómica sumaría en esta parcela, ubicada en Ronda de Vigilancia, las mismas 44 viviendas protegidas que se suprimen del proyecto para el Chalet de San Luis, incrementando la edificabilidad en altura con una planta adicional.
La Martona
Parte de esta unidad de ejecución que contempla el PGOU está ya desarrollada con la construcción de la estación de bombeo. Pero aún se incluye en el Plan una segunda parcela en esta zona que estaría destinada a actividades económicas-servicios terciarios. En el acuerdo entre administraciones, se cambia el uso de esta parcela a equipamiento-administración pública.
El terreno tendría una superficie de suelo de 1.120 metros cuadrados y una superficie edificable de 6.800 metros cuadrados. Se podrán ocupar 680 metros cuadrados de la parcela, dejando el resto para espacio libre de edificación.
Esta propuesta supone trasladar a La Martona, en la avenida Juan Carlos I, parte de la superficie de equipamiento prevista en un principio en el solar de la Residencia de Tiempo Libre para la construcción de un edificio administrativo de la Junta de Andalucía.
Escuela de Náutica
En este caso se pide una modificación en el PGOU para que el suelo pase de tener uso educativo a equipamiento, comprometiéndose el Ayuntamiento a estudiar la posibilidad de su derribo. Esta opción se ha defendido por la Junta desde hace tiempo, encontrándose con el rechazo frontal del Ayuntamiento, por tratarse de un edificio protegido en algunos de sus elementos más característicos y estar considerado uno de los mayores exponentes de la arquitectura contemporánea en la ciudad de Cádiz. Esto quiere decir que esta posibilidad de derribo se encontraría en cualquier caso con una oposición importante por parte de diversos colectivos sociales y de la arquitectura de la ciudad, que ya se han manifestado en contra de la pérdida del inmueble.
Plaza de la Reina
Para conseguir la parcela anteriormente citada de La Martona, la Junta plantea en el convenio a firmar con el Ayuntamiento, la permuta de la misma por el solar de la plaza de la Reina (que antes tendrá que revertirse a la propia Administración regional una vez que se rompió el acuerdo para la construcción allí de la Casa Museo del Carnaval. Esto abriría de nuevo las puertas para la construcción allí de dicho equipamiento por parte del Ayuntamiento, que había decidido trasladarlo a la plaza Guerra Jiménez, pero que aún no ha comenzado con la actuación.
Solar del albergue juvenil
Una vez que el Instituto Andaluz de la Juventud ya ha dejado claro que no puede asumir la construcción del albergue juvenil en Puntales, la Junta propone la reversión del solar al Ayuntamiento, con la previsión de que se puedan construir en dicho terreno una promoción de viviendas de protección oficial para jóvenes.
Escuela de Bellas Artes
Otra parte del acuerdo se refiere al edificio del callejón del Tinte, actualmente si uso y que el Ayuntamiento reclama por ser suya la titularidad del mismo. La Junta lo reconoce y entrega el edificio al Gobierno local con destino a la ampliación del Museo Provincial.
