El proceso puesto en marcha por la Junta de Andalucía, de modo paralelo a la Justicia, para aclarar el uso de decenas de millones concedidos para cursos de formación bajo sospecha ha arrojado los primeros resultados. Este caso sobre las ayudas para los cursos de formación ha tenido en Cádiz uno de sus escenarios fundamentales.
El principal acusado por el Juzgado número 6 de Sevilla en el caso es el exconsejero socialista Ángel Ojeda Avilés. El jerezano, ahora acusado de cuatro delitos, perteneció al Consejo de Gobierno durante tres años en la década de los 90. Las dos denuncias que pusieron en marcha las operaciones ‘Edu’ y ‘Óscar’ tuvieron su origen en docentes de la provincia.
Como añadido dramático, los extrabajadores de Delphi (500 de ellos siguen sin empleo, ingresos ni la recolocación prometida) fueron algunos de los afectados por los presuntos «cursos ficticios» que le achaca la Policía Nacional.
Acosada por la investigación policial, por las denuncias de Cámara de Cuentas, Inspección de Trabajo y Seguridad Social, la Junta de Andalucía anunció una investigación propia, administrativa e interna que en realidad se inició el pasado año, aunque sin publicidad y casi coincidiendo con la investigación policial. La propia Administración regional ha dado un balance inicial de esa inspección interna. El resultado es igualmente alarmante.
De hecho, ya admite que uno de cada cuatro cursos analizados presenta graves irregularidades, sobre todo por falta de jusficación, eso supone que solicita el reintegro de las subvenciones concedidas para ponerlos en marcha. Ya suman 19,3 millones los que tendrían que ser devueltos.
Se trata de una cifra provisional, puesto la Junta solo ha revisado el 60% de los 8.505 expedientes que constan en los archivos desde 2007. En cifras totales, la plantilla de funcionarios que trabaja únicamente para detectar este supuesto fraude ha revisado ya 5.153 de los 8.505 expedientes de ayudas que hay entre los servicios centrales y cada una de las delegaciones provinciales.
De ellos, 1.462 se han justificado correctamente, mientras que para 640 se han propuesto resoluciones definitivas de devolución de las ayudas al no estar suficientemente justificados los pagos.
Personación
La Consejería de Educación –quien ostenta las competencias en materia de formación para el empleo desde 2013, fecha en que se inició la revisión expediente por expediente– deja claro que la petición de reintegro no se traduce en fraude, ya que puede tratarse de un dinero concedido pero no gastado o justificado.
Asimismo, detalla que hay hasta 2.500 entidades, tanto públicas como privadas, a las que se han dado fondos sin que hubieran justificado ayudas anteriores, un procedimiento conocido como «exceptuación» y que, sin embargo, no supone que estén exentas de justificar los fondos recibidos.
Sobre la investigación judicial, la Junta se ha personado como parte afectada en once procedimientos abiertos en distintas provincias por supuestos fraudes en las ayudas para cursos a desempleados. Tras las críticas de la oposición, que califica de «estafa» que no se faciliten los nombres de las entidades a las que se reclama el dinero público, el consejero Luciano Alonso esgrime que se podría vulnerar la Ley de Protección de Datos, aunque hace apenas un mes se comprometió a darlos a conocer.
