El Gobierno espera que el Real Decreto sobre el aborto entre en vigor este mismo año

El real decreto que el Gobierno está preparando para garantizar la intimidad de las mujeres que deciden abortar podría entrar en vigor antes de que finalice el año, y además con carácter retroactivo: impedirá, salvo por orden judicial, desvelar la identidad de la mujer, protegida con un código secreto.

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, y la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, lo han hecho público al término del Consejo de Ministros que ha estudiado este real decreto, que afecta a varios ministerios -Sanidad, Justicia e Igualdad-. "Nadie, absolutamente nadie, puede entrometerse en la intimidad de las mujeres que deciden libremente interrumpir su embarazo", ha explicado De la Vega, que ha advertido de que "hay cosas que en la realidad no están funcionando bien" como hacer "escarnio público" a una mujer que, de por sí, ya afronta con sufrimiento una decisión "complicada, dolorosa y difícil".

Esta norma pretende garantizar que el derecho a la intimidad de las mujeres "sea universal", se cumpla "del mismo modo en todos los territorios" y se asegure además "la equidad y la calidad" del acceso de las mujeres a esta prestación: "Es una cuestión básica evitar de la forma más urgente posible" situaciones como las que se han vivido "en algunas ocasiones" en las que se ha puesto de manifiesto la vulneración de derechos a la intimidad de las pacientes, ha explicado Aído.

Por ejemplo, la petición reciente de la Audiencia Provincial de Barcelona para publicar los datos de algunas féminas abortantes en las clínicas del doctor Morín (cuya causa previamente se había archivado), que motivó la reacción de De la Vega en el pasado Congreso Federal del PSOE.

¿Cambios en la Ley del Aborto?

La vicepresidenta ha sido preguntada también sobre la Ley del Aborto y su posible modificación, y sobre ello ha dicho que se evaluará cómo está funcionando, y si se está "garantizando o vulnerando" la confidencialidad de los datos de las mujeres, y si la prestación se hace "con calidad y equidad" en todo el territorio. Esta posible modificación, según De la Vega, debería recoger las mejores experiencias del entorno europeo en el ámbito de las leyes de plazos, a fin de ofrecer "más garantías, más seguridad a las mujeres y a los profesionales de la Sanidad".

El director de la Fundación Vida, Manuel Cruz, opina que el Real Decreto anunciado por el Ejecutivo "es un fraude" destinado únicamente a "mantener vivo el debate sobre la interrupción del embarazo". Para la Fundación Vida, esta nueva iniciativa "no va a cambiar nada" ya que si un juez detecta un delito reclamará los datos de las mujeres y se le facilitarán, como ocurre actualmente.