El secretario general del PP de Cádiz, Antonio Saldaña, recordó ayer al PSOE que continúan esperando a que «dé la cara por el fraude del Bahía Competitiva», máxime tras conocerse el auto dictado por la juez del caso en el que acuerda la imputación de otras ocho personas más en el marco del procedimiento, que acumula ya 31 imputados.
En declaraciones a Europa Press, Saldaña argumentó que «los socialistas no pueden permanecer más tiempos callados como si el tema no fuera con ellos», lo que considera «una falta de respeto» hacia los gaditanos.
El dirigente popular incide en que «los gaditanos llevamos mucho tiempo esperando explicaciones por parte de los socialistas», lamentando que «el PSOE y la Junta no asuman su responsabilidad en la pérdida de 21 millones de euros que deberían haber ido al fomento de la actividad económica y a la creación de empleo en la provincia».
Lamenta que los socialistas «sigan sin dar explicaciones de la falta de control de los fondos públicos en la provincia de Cádiz», una práctica a la que, según apostilla, «estamos acostumbrados a nivel regional con los ERE falsos o los cursos de formación, pero que en la provincia gaditana tiene una incidencia mayor con otros casos como el 'caso ISE'».
Por último, enfatiza que la «falta de control de los fondos públicos por parte del PSOE en el Gobierno andaluz» afecte directamente a materias «tan importantes» para la provincia como el empleo y la educación, por lo que insiste en la necesidad de que el PSOE «dé explicaciones de una vez por todas».
Ocho nuevos imputados
El pasado sábado este medio publicó que la juez del caso Bahía Competitiva ha acordado la imputación de ocho personas más en el marco del procedimiento abierto por el fraude de más de 20 millones de euros, pertenecientes al Plan Reindus, previstos, durante 2009 y 2010, como líneas de ayuda para reindustralizar la Bahía de Cádiz que fueron a parar a paraísos fiscales. El caso, abierto a finales de 2011, rescata ahora, por petición de la Fiscalía Anticorrupción gaditana, algunos nombres que habían sido detenidos en su momento, pero que no pasaron por sede judicial. Todos ellos están relacionados, directa o indirectamente con la familia Arespacochaga, supuesta beneficiaria en último extremo de unas ayudas que tenían como fin la instalación de empresas en la Bahía gaditana, zona cero del desempleo nacional y europeo.
Concretamente, siete de ellos están imputados por haber ejercido como testaferros de esta acaudalada familia empresarial, de la que tres de sus integrantes están en estos momentos imputados Joaquín Arespacochaga, su hijo Juan y su tío Fernando. Éste último, un anciano de 90 años que no había sido localizado en 2013, es uno de los nuevos imputados. Su nombre aparece al frente de algunas de las empresas, con sede en paraísos fiscales, donde acabaron evadiéndose los fondos públicos.
