El Ayuntamiento de Barbate, en manos del socialista Rafael Quirós, ha decidido de manera unilateral romper el convenio que mantenía desde hacía tres años con la Diputación de Cádiz en materia de recaudación de impuestos.
A partir de ahora, el Ayuntamiento asume la gestión de sus tributos y la organización de su deuda. Se trata de una medida muy delicada en un momento muy difícil, ya que la situación financiera de este consistorio es de extrema gravedad. El Ayuntamiento de Barbate está en quiebra técnica.
En 2012 se acogió a los planes y directrices del Servicio Provincial de Recaudación, mediante el cual, la Diputación, se encargaba de gestionar el cobro de sus impuestos y organizar sus pagos.
Esta protección permitía al consistorio barbateño gozar de un colchón de liquidez en los peores momentos gracias al respaldo de la Diputación a través de pólizas de crédito. El alcalde ha cortado por lo sano y en declaraciones a varios medios de comunicación ha destacado que la gestión de la Diputación no ofrecía seguridad para el cobro de las nóminas de los funcionarios
El responsable de Hacienda de la Diputación, Juan Antonio Liaño, compareció ayer para mostrar su extrañeza ante la decisión del regidor barbateño y adelantó que los servicios jurídicos de la Diputación ya estudian posibles medidas legales ante lo que considera un supuesto caso de «prevaricación».
Liaño dibujó un panorama bastante negro para el Ayuntamiento de Barbate fuera del manto protector del Servicio Provincial de Recaudación, ya que la caja municipal de Barbate tiene cuantiosas deudas, entre ellas, 30 millones de euros a la Seguridad Social, y ahora, unos 400.000 euros a la Diputación en concepto de adelantos.
Liaño destacó que la decisión de Quirós supone el cierre inmediato de la financiación externa al consistorio.
El convenio con Barbate se aplicaba en los cuatro ámbitos principales en los que opera el Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria: la recaudación de los impuestos municipales, los convenios de inspección, los acuerdos sobre gestión de multas de tráfico así como la gestión tributaria y catastral. Algunas de estas líneas, como la referida a la gestión de multas que inicia la Policía Local desde dispositivos PDA, quedan en la práctica invalidadas.
Liaño defendió la calidad de un servicio que ha logrado solventar situaciones muy delicadas en no pocos ayuntamientos. Un servicio «institucional» cuyo desempeño no se condiciona por «siglas políticas».
Los ayuntamientos que han encomendado la gestión de sus tributos a Diputación obtienen los beneficios de una economía de escala: cada mes perciben anticipos, con cargo a la recaudación estimada. Para transferir estas cantidades la institución provincial ha concertado, para el año 2015, tres operaciones de crédito que suman 90 millones de euros.
