La Policía Nacional ha extendido ya a la provincia de Cádiz los registros en distintas sedes administrativas y la toma de declaración a los denominados agentes locales de promoción de empleo (ALPE) que la Junta de Andalucía despidió de forma irregular en los años 2010, 2011 y 2012.
Después de que la investigación comenzara hace dos semanas en Huelva, las otras siete fiscalías provinciales anunciaron que tomarían similares medidas para detectar indicios de posible malversación de caudales públicos. La acusación final, si se produjese, también incluiría el delito de prevaricación contra distintos responsables de la Junta, puesto que se habría tomado una decisión a sabiendas de que era injusta o negligente.
Los delitos que desde el jueves se investigan también en Cádiz tienen como supuesto origen el reparto «sin control» que hizo el Gobierno andaluz de 57 millones al centenar de consorcios de trabajadores públicos, entre ellos el de los ALPE.
Según los antiguos empleados de la Junta ya interrogados, el Ministerio Público sospecha que sus indemnizaciones, y antes buena parte de las retribuciones que percibieron, salieron de un partida presupuestaria que tenía otra finalidad.
Ese dinero público fue desviado y usado, de forma presuntamente ilegal, para tratar de resolver apresuradamente la salida de estos trabajadores. Ese cambio administrativo se habría realizado sin las preceptivas condiciones legales, sin autorizaciones de ningún tipo ni control parlamentario o político.
Esta investigación, ahora en marcha, es el resultado de una denuncia interpuesta por el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) en marzo de 2014. Los responsables del sindicato, con varios de los casi 700 ALPE afectados dentro de su formación, decidieron dar ese paso tras conocer un informe oficial de la Cámara de Cuentas de Andalucía.
Ese documento institucional alertaba de «indicios de responsabilidad penal», por malversación y prevaricación, en el uso de esos 57 millones repartidos «sin control», cuando los consejeros de Empleo eran los socialistas Manuel Recio y Antonio Ávila ( imputados en el caso ERE).
