El multimillonario y masivo fraude en los cursos de formación a parados, agrupado para la Policía en el llamado 'caso Edu', propició ayer la emisión de, al menos, 22 órdenes de detención para declarar de empresarios, dirigentes y exdirigentes políticos de la provincia de Cádiz.
Según estas mismas fuentes oficiales de la administración estatal, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ya ha comenzado a ponerse en contacto con los afectados, que tienen consideración legal de imputados, para que acudan a declarar obligatoriamente o, caso contrario, proceder a su arresto.
Aunque la totalidad de estas encomiendas policiales serán ejecutadas a lo largo de la semana, durante la mañana de ayer ya se produjeron los primeros registros y las primeras declaraciones o detenciones.
En la ramificación gaditana del 'caso Edu' se trata de administradores de empresas, con domicilio o sede comercial en la capital gaditana, en Algeciras, Sanlúcar y Jerez. Entre los primeros imputados, tras ser citados a declarar bajo advertencia de detención, estuvieron ayer la exalcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, a la que se considera responsable de cursos de formación en la empresa pública Mercajerez, y el concejal socialista de Arcos Julio Delgado Macías, responsable de la empresa Delta Consultores.
A ellos, como a los empresarios, se les achaca, tras meses de análisis de informes administrativos, la posible realización de cursos de formación a desempleados que, en algunos casos, no llegaban a celebrarse. En otros muchos, estas clases incumplían las condiciones para la entrega de esa subvención, como la contratación de los participantes durante un periodo mínimo de seis meses en horario de media jornada.
Mismo patrón
El 'modus operandi' de todos acusados en las distintas oleadas del 'caso Edu', desde las primeras detenciones de agosto de 2014 hasta las de ayer es el mismo: Las empresas obtenían distintas cantidades en ayudas por hacer los cursos a cambio de contratar a un número de participantes. Bien no lo hacían, bien ni siquiera lo celebraban. Pero se quedaban con la ayuda por la falta de controles de la Junta de Andalucía, estamento del Estado encargado de velar por el rigor de estas iniciativas de reparto de fondos estatales y comunitarios.
Las detenciones fueron decretadas ayer por la autoridad judicial como resultado de la investigación de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, que mantiene un proceso complementario al dirigido por la juez Mercedes Alaya, muy activo desde que las declaraciones de varios afectados en la provincia de Cádiz (docentes y alumnos de cursos fraudulentos en Chiclana) impulsaran el caso en julio de 2014. Las denuncias originales que lo pusieron en marcha (diciembre de 2012) también tuvieron como escenario la provincia de Cádiz, concretamente se produjeron en Algeciras.
Los 22 declarantes, mediante detención o no, e imputados por decisión judicial son el resultado provisional de los informes de la Intervención General de la Seguridad Social a los que ha tenido acceso el equipo investigador de UDEF.
Estos datos centraron su estudio en un grupo aleatorio de empresas que habían recibido millonarias ayudas para cursos de formación a parados entre 2009 y 2012. El resultado de la fiscalización pormenorizada es llamativo. Nueve de cada diez euros entregados a estas empresas no habrían tenido el objetivo para el que se concedieron, nueve de cada diez casos es una estafa o, como mínimo, una presenta irregularidades. Bien nunca llegaban a darse las clases, bien nunca se daban las prerrogativas de contratación posterior de los cursillistas.
En los informes se habla de diminutas empresas, de hasta una sola persona, que habrían obtenido decenas de miles de euros en cursos falsos por lo que concluye que muchos de estos empresarios crearon pequeñas sociedades con el objetivo único de obtener este dinero público y desviarlo a su patrimonio particular.
Entre los detenidos se encuentran algunos de los responsables de varias empresas de formación conocidas en la provincia, centradas en el ramo de las nuevas tecnologías de la información e internet, principalmente. Codenet y Forinsur son dos de las que acabarán la semana con sus responsables ya imputados, tras prestar declaración y ser detenidos o presentarse a la citación.
Los informes de UDEF y Seguridad Social que han propiciado las detenciones de esta martes concluyen que la cantidad desviada en la provincia de Cádiz con este fraude masivo podría superar los 200 millones de euros, aunque el volumen de documentación a revisar es tan vasto que se trata sólo de una estimación, proyectando el porcentaje de fraude detectado en las empresas analizadas sobre el total de las ayudas concedidas. En escala regional, la cantidad podría superar los 3.000 aunque siempre se trata de un cálculo policial y administrativo por confirmar.
Estas investigaciones ya provocaron la detención del exconsejero de Hacienda de la Junta, el jerezano Ángel Ojeda Avilés, el pasado 7 de agosto en su residencia veraniega de Sanlúcar.
Finalmente, recalca que no tiene «nada que ver» en el asunto investigado e incide en que no ha estado «detenida en ningún momento», añadiendo que ha declarado «cinco minutos y me he ido», sin que esté previsto que vuelva a ser citada, según ha comentado.
