La imagen de blancura que pretende exhibir el Partido Popular también aparecerá empañada en la foto de familia de los cabeza de lista a las municipales. En todos lados cuecen habas y a falta de designar los candidatos del partido en Alcalá del Valle y Espera, al menos cinco regidores que aspiran a la reelección tiene causas pendientes en casos no menos sonados que los de sus oponentes.
Uno de los más mediáticos ha sido el de la alcaldesa de Rota, Eva Corrales, que está imputada en cuatro casos que se encuentran en distinta fase de desarrollo con un denominador común: los negocios del que ha sido su socio de Gobierno, Lorenzo Sánchez, exalcalde y máximo responsable de Roteños Unidos (RRUU). El conocido como caso 'horas extra' es el que se encuentra más avanzado y por el que la Fiscalía pide a Corrales cuatro años de cárcel y diez de inhabilitación.
Otra de las causas que tiene pendientes es el caso 'uniformes', en el que también ha salido salpicado su compañero de partido y candidato a la Alcaldía de Chipiona, Antonio Peña. En esta ocasión se investiga el supuesto delito en la adquisición de vestimentas municipales que proveía una empresa de Lorenzo Sánchez entre 2003 y 2010. Además tiene pendiente otra causa en la de momento está denunciado por supuestas irregularidades en las contrataciones en una empresa municipal, aunque Anticorrupción aún no se ha pronunciado sobre su posible imputación.
El enchufismo ha sido también el motivo por el que el candidato popular a la Alcaldía de Arcos, José Luis Núñez, se sentará en el banquillo junto a otros cinco concejales más de su equipo, acusados de colocar a 15 familiares y otras nueve personas más que formaron parte de la lista electoral de Aipro, su socio de Gobierno.
Una presunta concesión de viviendas ilegales es el motivo de la imputación de otro alcaldable del PP, Antonio García, por prevaricación continuada tras conocedor, según la Fiscalía, 40 licencias y autorizaciones relativas a edificaciones construidas en vías pecuarias, suelo no urbanizable e incluso en zonas para servicios públicos. Y en este caso, al candidato a la Alcaldía de San José del Valle le tocará declarar ante Juzgado de Instrucción 5 de Jerez en los próximos días. Más lenta parece ir la causa contra el alcalde de Tarifa y cabeza de lista de los populares, Juan Andrés Gil, que ha sido denunciado por la supuesta contratación irregular del que fuera secretario de Organización del PSOE local a cambio de pasarse a las filas del PP. Al parecer, esa decisión dejó en la calle al que ya ocupaba ese puesto de trabajo que sí habría sido contratado siguiendo los principios legales.
Y el último en verse señalado ha sido el candidato popular de Barbate, José Manuel Martínez Malia, citado por el Juzgado como imputado con un caso que poco tiene que ver con la gestión municipal. El que se presenta como alternativa al PSOE en esta localidad ha sido citado por el juez por la supuesta falsificación de la firma del patrón del buque naufragado 'Nuevo Pepita Aurora' para la permuta de los derechos de pesca. También tendrá que defenderse en los tribunales este mismo mes tras se llamado por el El Juzgado de Instrucción número 2 del municipio.
